San Antonio Rayón: el pueblo indígena pisoteado por su presidenta municipal

Staff/RG

San Antonio Rayón, una comunidad indígena que hoy vive una de sus peores divisiones. ¿La causa? El abuso de poder de la presidenta municipal, Jael Peña Lobato que se impone a toda costa para demostrar que manda, aunque sea pisoteando la dignidad de un pueblo entero. Una presidenta que menosprecia a la gente de San Antonio Rayón, que insulta a su autoridad auxiliar y que se burla del presidente Eulogio Castañeda Barrientos, a quien incluso le retira el celular cada vez que debe reunirse con ella en el palacio municipal.

Los integrantes de la junta municipal también se burlan del presidente auxiliar por hablar una lengua indígena el náhuatl y por no tener estudios. Sí, lo ridiculizan en su propia cara. Ese es el nivel de prepotencia.

Y no está sola. El grupo que la respalda se dedica a intimidar e insultar. Se atreven a gritarles que no tienen derecho a opinar si no son originarios. ¿Incongruente? Totalmente. Porque la propia presidenta municipal ni siquiera es originaria de Jonotla. ¿Entonces? ¿Por qué niega a otros la posibilidad de apoyar un proyecto comunitario mientras ella se aferra a un poder que no le corresponde por raíces? ¿Será que detrás del parque que pretende imponer hay intereses que no se quieren decir abiertamente?

La evidencia es clara: resentimiento, hostigamiento y discriminación. El martes 9 de septiembre la junta municipal a través de facebook difundió un comunicado en el que tachó de “radicales” a los integrantes del grupo Rayón Avanza. Los acusó de intereses particulares, cuando en realidad el proyecto ha sido gestionado por la propia junta auxiliar, aprobado formalmente y con recursos ya entregados. Entonces, ¿defender una cancha auxiliar para su comunidad convierte a los indígenas en radicales?

El proyecto comunitario cuenta con el respaldo de la gran mayoría del pueblo. Y no se trata solo de ladrillos o cemento: se trata de identidad, de memoria, de un espacio donde por años se han reunido, celebrado y convivido. Ese espacio siempre fue de todos, con reglas claras: devolverlo limpio y aportar voluntariamente. Nada que ver con el salón de usos múltiples, que ahora tiene un costo de más de mil pesos, y que solo se presta si el solicitante es del agrado de la presidenta. ¿Qué clase de democracia es esa? ¿Qué clase de justicia?

San Antonio Rayón está defendiendo su derecho a existir, a decidir, a no ser desplazado por la ambición y la arrogancia de un poder municipal que los quiere marginar. Porque sin la cancha auxiliar, la comunidad queda sometida a la exclusión, obligada a pagar lo que no tiene, negada a usar lo que por derecho le pertenece. El presidente auxiliar no puede siquiera administrar el espacio, porque la presidenta Jael Peña dejó claro que “pertenece al municipio”, que ese salón de usos múltiples lo compró su esposo el expresidente de Jonotla, Diógenes Gerardo Méndez Barrera ¿Y la gente? ¿Dónde queda?

La incongruencia es brutal: mientras el gobierno federal habla de justicia para los pueblos indígenas, mientras el gobernador Alejandro Armenta repite que primero los pobres, en Jonotla la presidenta municipal hace lo contrario: desprecia, divide y señala como enemigos a los más humildes, a quienes solo defienden su historia y su dignidad.

San Antonio Rayón no lucha contra la construcción de un parque, lo pueden construir en otro espacio. Lucha contra la discriminación. Lucha por su cultura. Lucha por no ser callado.