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El 68,3% de las mujeres asesinadas con armas de fuego en Brasil son negras, según un estudio del Instituto Sou da Paz, basado en los registros de muertes violentas del Ministerio de Salud en 2022 y también en la serie histórica desde 2012.
De acuerdo con la investigación, un promedio de 2,2 mil mujeres son tiroteadas cada año, lo que representa cerca de la mitad de todos los asesinatos de mujeres en el país. En 2022, el 60% de las mujeres víctimas de los 1,9 mil homicidios registrados ese año tenían entre 20 y 39 años.
En el 27% de los casos de mujeres asesinadas por arma de fuego, el crimen tuvo lugar dentro del propio domicilio de la víctima. Entre las mujeres no negras, la tasa es del 34%. Entre los hombres muertos por heridas de bala, sólo el 12% de los casos tuvieron lugar en su hogar.
En los casos en que la víctima no murió, en al menos el 25% hay sospecha que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol. El porcentaje se eleva al 35% en las situaciones que se produjeron en el interior del domicilio. Sin embargo, en el 45% de las denuncias no hay información sobre si el agresor había bebido o no, lo que podría ocultar una tasa aún mayor.
Basándose en los datos, el estudio afirma que “las armas de fuego son un factor de riesgo para la violencia, especialmente para la violencia homicida”. Según las conclusiones de la investigación, este tipo de armas aumenta el riesgo de muerte en casos de violencia doméstica o derivada de relaciones afectivas.
El documento también destaca que el 43% de las mujeres asesinadas por arma de fuego en 2022 lo fueron por alguien cercano, como la pareja, amigos y familiares. “En un tercio de los casos, la víctima ya había sufrido otros episodios de violencia”, añade el texto.
La investigación subraya la necesidad de prestar atención a las víctimas que sobreviven a la agresión, debido a la tendencia a la repetición de la violencia.
En un esfuerzo por reducir el número de asesinatos, existe desde 2021 el Formulario Nacional de Evaluación de Riesgo de Violencia Doméstica y contra las Mujeres. El procedimiento fue creado para identificar los factores de riesgo y basar las decisiones judiciales de protección a las víctimas. Entre los ítems de evaluación está la existencia de amenazas anteriores con armas de fuego o el acceso del agresor a este tipo de armamento. En estos casos, la clasificación de riesgo debe ser la más alta.
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