Hipólito Contreras

Diversas organizaciones que apoyaron la elección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esperan el apoyo necesario para alcanzar la política ambiental que proteja las riquezas naturales de México y respete derechos humanos, comenzando con el derecho a agua potable y libre de contaminantes, afirmó el analista Abigail Correa Cisneros.

Comentó que esta es la lucha constante de comunidades cercanas a la extracción de hidrocarburos y minerales, donde también se viola el derecho a la información de los pobladores.

Expuso que la actual administración ha dicho que nadie gozará de privilegios, la ex secretaria Josefa González-Blanco dimitió al cargo por retrasar un vuelo comercial al que llegaría tarde, dejó varios pendientes, empezando por la crisis de sargazo que afecta a Quintana Roo, los incendios imparables y la contaminación que cada vez más afecta la salud de los mexicanos.

Indicó que uno de los temas que causó disgusto en ciudadanos es el impacto ambiental que causaría el Tren Maya, activistas y opositores aseguran que la funcionaria fue pasiva en el tema.

Esperamos, dijo, que el nuevo titular, Víctor Manuel Toledo, dé el ancho en estos asuntos, y cumpla lo declarado hace unos meses: “Nada garantiza que una vía de tren traiga progreso y bienestar de manera

automática. Tampoco nada indica que se convierta en factor de destrucción o deterioro. Todo depende de las fuerzas económicas, políticas y culturales en contradicción”.

Al igual que el tren maya, señaló, están los temas de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas que, hasta el momento, no han presentado estudios científicos y técnicos que respalden su viabilidad y que consten el potencial daño ambiental que podrían generar.

Uno de los retos que tiene el nuevo encargado de Semarnat, destacó, es hacer mucho con poco, porque desde la administración de Enrique Peña Nieto el presupuesto mermó a más de la mitad, pasó de 67 mil 976 millones de pesos a 31 mil 20 millones.