PRNewswire

El Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT) ya identificó en cinco estados una técnica de tortura en la que se fracturan los dedos de las personas encarceladas. Según la organización, la práctica fue descubierta gracias al trabajo de la Fuerza de Intervención Penitenciaria (FTIP), vinculada al Ministerio de Justicia.

La coordinadora del MNPCT, la abogada Carolina Barreto Lemos, reveló que el organismo comenzó a notar la propagación de estas ocurrencias en lugares de incursiones realizadas por la FTIP, como Río Grande del Norte y Ceará. También hay registros de presos con dedos rotos en Roraima, Amazonas y Pará.

“Obviamente, esta es una forma completamente ilícita, no es algo que se pueda justificar desde ningún sesgo. No hay justificación legal, esto es muy claramente un crimen. Es un crimen de tortura porque es una forma de castigar, de imponer un castigo ilegítimo, injustificado, más allá del castigo que es la propia privación de libertad”, dice la abogada.

Dirigida por agentes de la policía criminal federal, la FTIP busca la resolución de crisis, motines y rebeliones, el control de disturbios y el restablecimiento del orden y la disciplina en los sistemas penitenciarios. El grupo operativo se desplegó por primera vez en el país en 2017, en la Penitenciaría de Alcaçuz, en Río Grande del Norte, ante una crisis que se saldó con la muerte de 26 presos.

La abogada recuerda la declaración de Mauro Albuquerque, a quien identificó como uno de los mentores de la técnica de romper dedos. Él defendió la acción durante una audiencia pública en la capital del estado, Natal, el 12 de septiembre de 2017, tras denuncias de malos tratos contra los reclusos en el estado cuando era secretario de Justicia y Ciudadanía.

Albuquerque dijo que “cuando se golpea en los dedos […] es para que uno no tenga fuerza para coger un cuchillo y empujar a un agente de policía, es para que no tenga fuerza para tirar una piedra”, señala el informe.

La FTIC no sólo intervenía en momentos puntuales de crisis, sino que entrenó a policías criminales en los estados, lo que llevó a una repetición de esas prácticas, que iban más allá de la actuación legal del operativo.

Ceará

La presidenta del Comité de Prevención y Combate a la Tortura (CEPCT) de Ceará, Marina Araújo, confirma que la acción de fracturar los dedos de las personas en prisión no es un hecho aislado en el estado y que la práctica de la tortura en las unidades penitenciarias de Ceará está identificada desde hace algunos años como un patrón sistemático.

En una carta enviada el pasado jueves (6) al gobierno del estado, el comité y otras entidades denuncian 33 casos de tortura en el período de un año (julio de 2022 a junio de 2023), recibidos por el Tribunal de Justicia local.

“El contexto de tortura ha sido identificado por varias entidades locales y familiares, ha sido denunciado exhaustivamente, a diario, y este escenario ya ha sido documentado y comprobado en varios informes de organismos nacionales. Como ejemplo, tenemos un informe de 2019 del Mecanismo Nacional de Prevención y Lucha contra la Tortura que identificó una serie de prácticas de tortura y tratos crueles dentro de las unidades penitenciarias. Este mismo escenario fue verificado por el informe de inspección del Consejo Nacional de Justicia en 2021”, revela Marina Araújo.

La Secretaría de Administración Penitenciaria y Resocialización de Ceará (SAP) informó, en una nota, que considera infundadas las acusaciones y que “repudia el intento de ataque coordinado contra las políticas de resocialización a gran escala de la población privada de libertad en Ceará”. Según la secretaría, el sistema recibe visitas periódicas de instituciones de control, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, así como de entidades de control social, y mantiene su propio Ombudsman, vinculado al del gobierno del estado.

Gobierno Federal

La Secretaría Nacional de Políticas Penales (Senappen) informó que investiga las denuncias de tortura recibidas a través de la Corrigeduría General, cuya función principal es investigar irregularidades, abusos o faltas cometidas por funcionarios públicos, además de implementar directrices para las acciones correccionales.

Según la secretaría, la FTIP ha sufrido una reformulación en su ámbito de actuación este año y pasó a llamarse Fuerza de Cooperación Penitenciaria (Focopen). “El nuevo modelo refleja la necesidad de reforzar las entidades federadas en 4 ejes: a) Apoyo a la Gestión Penitenciaria, b) Gestión de Crisis en el ámbito penitenciario, c) Formación y Capacitación de funcionarios, d) Asistencia y Clasificación de presos”, informó.

La Senappen informó que realiza acciones de escucha para obtener diagnósticos situacionales e identificar demandas, desde la perspectiva de las personas privadas de libertad y de los funcionarios de ejecución penal, para cualificar los servicios penitenciarios.