Rossi A. G. 

· De acuerdo con la Dra. Mireya Vilar-Compte, coordinadora del área de Salud del EQUIDE, en nuestro país se está invirtiendo de forma errónea en este tema.

La Universidad Iberoamericana, a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE), y la Universidad de Yale realizan una investigación acerca del costo que requieren intervenciones enfocadas en la protección y el apoyo de la lactancia materna, misma que ha demostrado que en México existe factibilidad en extender la licencia de maternidad.

La Dra. Mireya Vilar-Compte, coordinadora del área de Salud del EQUIDE y quien encabeza este proyecto en nuestra casa de estudios, explicó que a través del desarrollo de calculadoras financieras –una herramienta aplicable a cualquier país que tenga datos sobre fertilidad, empleo y población– se calculó que a México le costaría 95 dólares una semana extra de maternidad al año, por cada mujer que labora en el sector formal.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 explicó que dicho costo equivale a la suma de una semana de guardería en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo monto es por 56 dólares más el precio de alimentar al bebé con fórmula, en el mismo lapso de tiempo (39 dólares). “El total suma una semana extra de maternidad”, explicó.

“El dinero está, pero socialmente lo estamos asignando de forma errónea porque el que una mamá tenga oportunidad de estar con su hijo tiene un efecto en la crianza cariñosa, pues es la fundamentación de una buena arquitectura cerebral. Como país, creo que nos estamos equivocando en cómo estamos invirtiendo. Creo que esto demuestra que es factible extender la licencia de maternidad”, expresó la académica de tiempo completo, quien tiene un doctorado en Políticas Públicas, con especialidad en Salud, por la Universidad de Nueva York.

La calculadora financiera, que también se utiliza para estimar los costos en Brasil, Ghana, Indonesia y Filipinas, funciona con la estimación del número de mujeres en edad reproductiva (en el caso de México de 18 a 49 años) que reportaron haber tenido un hijo en los últimos 12 meses. A partir de esto, se generan grupos de clasificación: la edad de la madre, el estado civil, nivel de educación y tipo de localidad.

Vilar-Compte reveló que en América Latina existen dos principales problemas: la corta duración de las licencias de maternidad en la región y la falta de cobertura en el sector informal. De los 32 países que conforman la región, sólo Chile, Brasil, Costa Rica, Cuba y Venezuela cumplen con las 14 semanas o las sobrepasan (con un máximo de 18 semanas).

Reveló que el resto de los países tienen una licencia de maternidad menor a las 14 o simplemente no existe protección a la misma, por lo tanto se tiene una tarea pendiente en la región y México no es excepción.

Para que la lactancia materna suceda en un país, añadió la especialista, se necesitan leyes, una buena estructura laboral, buena consejería, proveedores capacitados, así como hospitales con las mejores prácticas para promover la lactancia materna al momento del nacimiento. Para todo esto, el gobierno necesita dinero.

“La licencia de maternidad es un instrumento de política pública que protege al binomio madre-menor, es un mecanismo de equidad que blindará a las familias de pérdidas económicas y fomentará la equidad de género desde una perspectiva laboral. La protección a la maternidad contribuye a varios de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio”, explicó la investigadora del EQUIDE.

Recordó que existen marcos legales que indican lo que debe suceder en torno a la lactancia materna y a las licencias de maternidad. Al respecto, el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la maternidad, busca proteger y conciliar la vida familiar y laboral con éxito de las mujeres.

Combate la discriminación por motivo de la maternidad, establece estándares para las leyes de protección a la maternidad durante la época laboral e invita a los gobiernos que forman parte de la OIT a adoptar las siguientes medidas:

Evitar riesgos laborales para las madres y/o hijos. Es decir, que no desempeñen trabajos que impliquen riesgos para la salud.
Prohíbe mecanismos de discriminación como hacer pruebas de embarazo para ser contratadas o despidos durante el embarazo, o posterior a las licencias.
Establece descansos dentro la jornada laboral o reducción de la misma.
Invita a que la licencia remunerada sea cuando menos de 14 semanas. “México incumple con esta recomendación. Además de que falta apoyo hacia las mujeres en el sector informal para que cuenten con una licencia de maternidad”, dijo la especialista.
¿Qué pasa con el sector informal?

La Dra. Mireya Vilar-Compte aseguró que México tiene la tarea pendiente de incorporar a las mujeres al sector formal, pues una gran proporción de las ellas en edad reproductiva y que están en el sector informal por derecho se les tiene que dar una cobertura de licencia de maternidad. Sin embargo, en el corto plazo no se observa que las vayan a reconvertir en empleadas formales.

Agregó que invertir en la protección de la lactancia materna es un mecanismo de justicia social que permitirá a las madres ejercer su opción y proteger su derecho a la lactancia materna, un derecho humano binomial que incorpora a la madre y al bebé.

“Las licencias de maternidad no cubren a las mujeres en el sector informal. Esto es relevante en AL, en donde el 50% de las madres trabajadoras están en el sector informal. Muchas pertenecen a grupos vulnerables, hay una correlación entre no tener licencia y suficientes recursos que pone en riesgo la equidad y en desventaja desde un inicio”, dijo la académica, cuya investigación se centra en la evaluación de las inequidades en salud, en áreas como la inseguridad alimentaria, alimentación infantil, envejecimiento y enfermedades crónicas.