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Un año después de la adopción de la propuesta de un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión presenta hoy un informe sobre migración y asilo.

La Comisión también adopta un plan de acción renovado de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes y una Comunicación sobre la aplicación de la Directiva de la UE sobre sanciones a los empleadores. Como parte del enfoque global en materia de migración en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, estas iniciativas tienen por objeto prevenir la explotación organizada de los migrantes y reducir la migración irregular, en consonancia con el objetivo del Nuevo Pacto de promover una gestión sostenible y ordenada de la migración. Las iniciativas abordarán tanto las dificultades persistentes a la hora de desmantelar los grupos delictivos organizados como la adaptación a los nuevos desafíos, incluido el tráfico ilícito de migrantes patrocinado por los Estados, en respuesta a la situación en las fronteras exteriores de la UE con Bielorrusia.

Margaritis Schinas, vicepresidente de Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, ha declarado: «La semana pasada hizo un año desde que presentamos nuestras propuestas de cara a un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Los avances en su adopción han sido dolorosamente lentos, pero a la vez se han seguido presentando retos en materia de migración en formas tanto nuevas como ya conocidas. Fenómenos como la continua presión en el Mediterráneo central, el deterioro de la situación en Afganistán y la nueva presión sobre nuestras fronteras orientales ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de un marco europeo sostenible en materia de asilo y migración. Las propuestas del Pacto, si se adoptan, podrían mejorar considerablemente la capacidad de los Estados miembros para abordar toda una serie de problemas a las que se enfrentan actualmente. Y si algo hemos aprendido en los últimos años, debería ser que ir por libre en estas cuestiones no es una opción. Ya es hora de actuar juntos en torno a soluciones comunes».

La comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, ha comentado: «Hemos registrado importantes avances en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, y los recientes acontecimientos subrayan la urgencia de avanzar en nuestras propuestas, que son cuidadosamente equilibradas: las propuestas de control y Eurodac permitirán realizar los controles adecuados sobre todas las personas que lleguen a la UE, al tiempo que se complementan con nuestras propuestas en materia de solidaridad. Alcanzar un acuerdo sobre nuestro marco de reasentamiento contribuirá a que Europa tenga una voz más firme en el concierto mundial al mostrar la manera en que nosotros y los Estados miembros ofrecemos protección en la práctica a las personas que la necesitan. El equilibrio lo tenemos, ahora necesitamos resultados».

Informe sobre migración y política de asilo: El Nuevo Pacto, un año después

El informe hace balance de los progresos registrados y de los principales avances en la política de migración y asilo durante el último año y medio, identifica los principales retos y destaca las perspectivas de progreso, además de definir las medidas que se traducirán en una política de migración y asilo más sólida, viable y justa.

Abarca todos los aspectos de la gestión de la migración. Contempla la situación de los movimientos migratorios, hace balance del impacto de la pandemia y aborda la actuación de las agencias de la UE en materia de gestión de fronteras y asilo, el continuo apoyo prestado por la Comisión a los Estados miembros sometidos a presión, la financiación y la cuestión de los movimientos no autorizados dentro de la UE. Destaca la respuesta inmediata de la UE a la situación en Afganistán, el apoyo de la UE a Grecia y la reacción ante las llegadas desde Bielorrusia. Ofrece datos sobre los progresos registrados en el refuerzo del marco legislativo y presenta una visión completa de la cooperación con los países socios, sobre la base del nuevo enfoque establecido en el Pacto. El informe también examina los avances en materia de integración e inclusión.

La UE ha adoptado numerosas medidas para mejorar su capacidad de hacer frente a los retos cambiantes de la gestión de la migración. Un progreso rápido y constructivo en los expedientes legislativos en el marco del Nuevo Pacto es ahora crucial y servirá para seguir reforzando la capacidad de Europa para proteger sus fronteras, recibir a quienes tienen derecho a venir en condiciones humanas y tratar con dignidad a quienes no disfrutan de este derecho, en consonancia con los valores y principios de la UE.

Plan de acción renovado de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2021-2025)

Prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes es un objetivo estratégico clave del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y de la Estrategia de la Unión de la Seguridad de la UE, lo que requiere una cooperación y coordinación internacionales permanentes. Aprovechando los progresos registrados con el primer plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020), la Comisión, en colaboración con el Alto Representante:

Fomentará la cooperación operativa contra el tráfico ilícito de migrantes mediante herramientas concretas en el marco de una cooperación en materia de migración que sea global, equilibrada, adaptada y mutuamente beneficiosa, y que se base en mayor medida en la colaboración y la confianza mutua.

Seguirá fomentando todos los instrumentos operativos, jurídicos, diplomáticos y financieros de que dispone la UE para responder a la instrumentalización de la migración irregular por parte de agentes estatales, incluida la adopción de las consiguientes medidas en diversos ámbitos políticos, por ejemplo, en materia de visados, comercio, desarrollo, asistencia financiera y otros. La suspensión parcial del acuerdo de facilitación de visados con Bielorrusia, que la Comisión ha propuesto hoy, es un ejemplo de tales medidas.

Mejorará la aplicación del marco jurídico para sancionar a los traficantes, también a través del Protocolo de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y, dentro de la UE, el «paquete de medidas sobre la ayuda a la migración ilegal».

Mejorará la aplicación del marco jurídico en materia de protección contra la explotación, incluidas la Directiva sobre la trata de seres humanos, la Directiva sobre los derechos de las víctimas, la Directiva sobre el permiso de residencia y la Directiva sobre sanciones a los empleadores.

Dará respuesta a la evolución de las prácticas y herramientas en línea que faciliten el tráfico ilícito, mediante la mejora de la cooperación operativa y el intercambio de información entre las autoridades nacionales y las agencias de la UE.

Intensificará la investigación y la recopilación de datos para entender mejor las tendencias migratorias, la naturaleza y el alcance de las redes delictivas, el impacto de las políticas contra el tráfico ilícito y el modus operandi de las redes delictivas.

Comunicación acerca de la aplicación de la Directiva sobre sanciones a los empleadores

El empleo ilegal es un incentivo fundamental para la migración irregular. Es perjudicial tanto desde el punto de vista humano como económico, ya que expone a las personas a riesgos de explotación, además de provocar pérdidas en las finanzas públicas y menoscabar los derechos individuales y sociales.

La Directiva sobre sanciones a los empleadores establece un marco jurídico europeo para prevenir y hacer frente específicamente al empleo ilegal de migrantes irregulares. El informe presentado hoy indica medidas para mejorar la aplicación de la Directiva, a fin de abordar el uso ineficiente de las normas en materia de sanciones, medidas de protección e inspecciones dirigidas a detectar a los empleadores abusivos y a proteger a los migrantes de la explotación. Para ayudar a los Estados miembros a mejorar la aplicación de las normas de la UE acordadas conjuntamente, la Comisión:

Promoverá el diálogo con las autoridades de los Estados miembros y diversas partes interesadas, por ejemplo, a través de la reactivación en 2021 de su Grupo de Expertos en Migración Irregular dedicado a la Directiva sobre sanciones a los empleadores.

Apoyará el intercambio de mejores prácticas mediante la colaboración con partes interesadas como las autoridades nacionales de trabajo e inmigración, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales, las organizaciones internacionales y la Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de lucha contra el trabajo no declarado.

Supervisará permanentemente la aplicación de la Directiva y se centrará en su cumplimiento efectivo, incoando procedimientos de infracción cuando proceda.

A finales de 2022, la Comisión ejecutará las medidas presentadas en la Comunicación e informará sobre los resultados conseguidos en el próximo informe de aplicación previsto para 2024 a más tardar. A la luz de los progresos registrados, la Comisión estudiará a continuación si conviene modificar la normativa vigente.

Contexto

El conjunto de propuestas presentado hoy es una de las medidas de seguimiento del Pacto anunciadas el pasado mes de septiembre.

Además de los datos facilitados en el informe sobre migración y asilo, también hay nueva información estadística disponible en una página web de estadísticas que se ha actualizado hoy. Las cifras recientes confirman que la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la migración en 2020, con un descenso del número de llegadas tanto legales como irregulares en comparación con 2019. Los datos provisionales indican que la población de la UE se redujo en unas 300 000 personas en 2020, debido en parte a una menor migración neta, pero también a un aumento del número de muertes debidas a la pandemia. La disminución de las llegadas en 2020 fue temporal, ya que los datos disponibles de 2021 apuntan a un aumento interanual. Este es el caso, en particular, de las llegadas irregulares en las rutas del Mediterráneo central, el Mediterráneo occidental y las fronteras orientales (desde Bielorrusia). Los Estados miembros siguieron reduciendo la acumulación de solicitudes de asilo: a finales de junio, alrededor de 700 000 solicitudes estaban pendientes en la UE, la cifra más baja desde mediados de 2015.