Ricardo Homs

¿Qué sucedería si usted compra un auto y después de haberlo pagado le entregan un modelo que no es el que usted seleccionó?

Evidentemente se sentiría defraudado y seguramente tomaría las acciones jurídicas para exigir se castigue a quien abusó de su confianza y con toda seguridad, las autoridades le darán la razón.

En contraste, ¿por qué razón no nos indignamos como electores cada vez que algún legislador cuando llega al Congreso, si quiere cambia de partido y se une a otra bancada?

A final de cuentas esto significa un delito poselectoral, ya que se traiciona la confianza depositada en un candidato, materializada a través del voto.

Un voto no es un cheque al portador para el legislador, sino una elección que está respaldada por la empatía que tiene el elector con el partido que lo postuló y la expectativa de que sus decisiones legislativas respondan a las expectativas de quien le dio su voto, con la postura ideológica propia de su partido.

Por tanto, el voto está condicionado a ir dentro de un partido, como dueto o binomio que constituyó una oferta electoral integrada, que debe ser respetada mientras dure la vigencia del voto, lo cual equivale a la vigencia del cargo ganado en las urnas.

Debiese estar prohibido que los partidos intercambien legisladores y peor aún, que los legisladores cambien de bancada, debiéndose interpretar como delito poselectoral, pues es un abuso de confianza.

Debe quedar claro que los derechos del electorado están por encima de los que respaldan a quien detenta un cargo de elección popular. El candidato ganador se convierte en beneficiario y mandatario que ejecuta la voluntad del electorado que confió en él, o en ella, si lo visualizamos desde la perspectiva de género.

Por supuesto que los candidatos tienen derecho a cambiar de opinión y moverse hacia otro partido, siempre y cuando sea antes del inicio de la campaña o después de concluir el encargo para el que fue elegido a través del voto popular.

¿Y qué decir del daño que se infringe al partido que invirtió dinero en financiar la campaña de un candidato, así como el esfuerzo de un significativo número de militantes que hicieron labor proselitista a su favor, como para que después del triunfo llegue otro partido a arrebatar al candidato ganador?

Este tema califica al ámbito moral de nuestra democracia y así debiésemos considerarlo.

Candidato y partido, con todos los atributos ideológicos que le definen, debiesen considerarse el binomio por el que el ciudadano vota.
Por tanto, es necesario que el INE se manifieste ante este tema como un delito poselectoral, que traiciona la confianza del electorado y el compromiso que se selló con la entrega del voto.

Ahora que el presidente López Obrador abiertamente mencionó en la mañanera del miércoles nueve de junio su intención de buscar como aliados a los legisladores del PRI para que le apoyen en las reformas constitucionales que él pretende propiciar para llevar adelante su proyecto personal denominado “Cuarta Transformación”, pone a este partido en posición delicada frente a la opinión pública, pues después de todas las ofensas que intercambiaron MORENA y PRI durante la campaña, mostraría incongruencia el PRI si acepta la reconciliación con su agresor.

Evidentemente el voto ciudadano otorgado al PRI, en lo individual, así como el sufragio recibido formando parte de “Va Por México”, muchos lo dieron por simpatía al partido, pero otros como un voto de castigo y rechazo a la 4T. Por ello sería incongruente que con los votos obtenidos de los electores que rechazaron a la 4T, el PRI termine ayudando a hacer realidad ese proyecto presidencial.

Hoy México necesita analizar a profundidad y desde una visión ética, nuestra vida pública, pues cada vez más nuestra política se vuelve incongruente y surrealista, como lo fue el agradecimiento de nuestro presidente a la delincuencia organizada por “haberse portado bien” durante el seis de junio.

Definitivamente los derechos de los electores deben estar por encima de los que tienen los candidatos.
POSDATA

Coyuca de Catalán, en el Estado de Guerrero; Aguililla, en Michoacán, así como otras zonas del país son poblaciones que se encuentran secuestradas por el crimen organizado ante la indiferencia del gobierno federal, lo cual muestra insensibilidad social frente a las tragedias que viven gran número de familias vulnerables
¿Hasta cuando este gobierno asumirá su responsabilidad de brindar seguridad a la población?

Intentarlo con un operativo no es suficiente si no se erradica el problema y el Estado Mexicano tiene la capacidad operativa para restablecer el orden, cuando hay interés y voluntad política.

Después de estas elecciones la inacción contundente contra el crimen organizado puede prestarse a suspicacias.

¿A usted qué le parece?

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