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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dado la voz de alarma el jueves por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos independientes en América Latina y el Caribe, por parte de Gobiernos y otras personas en posiciones de poder.

En los últimos dos años, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido un número creciente de denuncias de Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson de la región, que han sido acosadas y amenazadas desde el poder por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros actores, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato.

Los incidentes reportados incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede y el personal de derechos humanos en Haití; e intentos de destitución del director de las organizaciones en Guatemala y en México a nivel estatal. Además, preocupan las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú.

También inquieta que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.

“El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.

No a las presiones políticas, interferencias y amenazas

“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Insto a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia” de estas instituciones, subrayó la responsable de ONU Derechos Humanos.

Estas responsabilidades están consagradas en los Principios de París, un conjunto de normas internacionales mínimas para que las instituciones nacionales de derechos humanos independientes sean eficaces y creíbles, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Estos Principios establecen que tales organizaciones deben defender las normas internacionales de derechos humanos de forma imparcial e independiente.

Reto y beneficio para los Gobiernos

La Alta Comisionada reconoció que las mencionadas instituciones pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, subrayó que los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería ensalzar.

Bachelet llamó a las autoridades respectivas para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones.

Asimismo, subrayó que, en el contexto actual de la pandemia, las citadas instituciones desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19.