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La asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, emitieron el domingo una clara advertencia sobre un mayor riesgo de crímenes atroces en Myanmar, tras otro día de derramamiento de sangre generalizado por parte del ejército de Myanmar.

Las dos altas funcionarias de la ONU condenaron enérgicamente los ataques generalizados, letales y cada vez más sistemáticos del ejército de Myanmar contra manifestantes pacíficos, así como otras violaciones graves de los derechos humanos desde que este tomó el poder el 1 de febrero de 2021.

Miles de personas también han sido arrestadas arbitrariamente, muchas de ellas sometidas a la desaparición forzada.

El sábado fue testigo del día más sangriento desde que comenzaron las manifestaciones contra el golpe, cuando las fuerzas de seguridad mataron al menos a 107 personas, incluidos 7 niños, según múltiples informaciones, y se espera que el número de muertes aumente a medida que se confirmen las noticias. Cientos más resultaron heridos y detenidos durante estos ataques aparentemente coordinados en más de 40 lugares en todo el país.

Bachelet y Nderitu pidieron a los militares que dejen de matar de inmediato a las mismas personas a las que tienen el deber de servir y proteger.

Responsabilidad internacional

“Las acciones vergonzosas, cobardes y brutales de los militares y la policía, que han sido filmadas disparando a los manifestantes mientras huyen y que ni siquiera han perdonado a los niños pequeños, deben detenerse de inmediato. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger al pueblo de Myanmar de crímenes atroces”, dijeron Bachelet y Nderitu.

La asesora especial y la Alta Comisionada pidieron al Consejo de Seguridad que tome más medidas, basándose en su declaración del 10 de marzo de 2021, y que la Asociaciones de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la comunidad internacional en general actúen con prontitud para respetar la responsabilidad de proteger al pueblo de Myanmar de crímenes atroces.

Si bien el Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población, la comunidad internacional comparte esa responsabilidad y, en los casos en que el Estado falla manifiestamente, esta “debe tomar medidas colectivas y oportunas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas para proteger poblaciones civiles que corren el riesgo de cometer crímenes atroces ”.

Fin de la impunidad

Nderitu y Bachelet pidieron el fin de la impunidad sistémica en Myanmar.

“Debemos garantizar la rendición de cuentas por los crímenes pasados ​​y disuadir de que se cometan los crímenes internacionales más graves”, afirmaron las dos funcionarias.

“El hecho de no abordar los crímenes atroces que el Ejército ha cometido en el pasado, incluidos los perpetrados contra los rohingya y otras minorías, ha llevado a Myanmar a esta terrible situación. No hay forma de avanzar sin rendición de cuentas y una reforma fundamental de las fuerzas armadas”.

Las responsables de velar el cumplimiento de los derechos humanos instaron a todas las partes, incluidos los funcionarios desertores, los oficiales de policía y militares, a cooperar con los mecanismos internacionales, incluida la Corte Penal Internacional y el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar del Consejo de Derechos Humanos, en la lucha contra la impunidad en el país.

Esta situación también ha puesto en mayor riesgo a las ya vulnerables minorías étnicas y religiosas de Myanmar, incluidos los rohingya. Esta población ha sufrido durante mucho tiempo una terrible violencia a manos del Ejército con impunidad, como lo documenta la Misión Independiente de Investigación en Myanmar establecida por el Consejo de Derechos Humanos.

“Estamos profundamente preocupados por el impacto que la situación actual puede tener en estas poblaciones y estamos monitoreando de cerca los acontecimientos. Los derechos de los grupos minoritarios, incluida la población rohingya, deben respetarse plenamente”, afirmaron las dos funcionarias de la ONU.

Ambas destacaron la diversidad que existe en el movimiento de protesta y alentaron el nuevo sentido de unidad entre las divisiones étnicas y religiosas, así como el creciente reconocimiento de los crímenes cometidos en el pasado contra las minorías.