Ricardo Homs

Las buenas intenciones manejadas con torpeza pueden generar problemas más graves que lo que pretenden resolver.

La iniciativa que intentó impulsar MORENA para reformar la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, artículos 2398 y 2406, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda frente a la pandemia, tuvo que ser pospuesta frente al rechazo que generó en varios sectores de población.

Sin embargo, nos debe dejar una experiencia. Es necesario crear conciencia de que este tipo de iniciativas pone en evidencia el grave conflicto que presupone que el estado, como institución, pretenda proteger a un grupo social vulnerable, pero a costa de masacrar los derechos patrimoniales de otros ciudadanos. Más grave aún es pretender regular y poner límites a los derechos inherentes a la propiedad privada, que es el origen de nuestra civilización.

Es grave legislar sin tener conciencia del alcance que en el futuro puede llegar a tener una ley.

Hoy que tanto se habla del pasado como fuente de sabiduría, no se está tomando en cuenta el nocivo impacto que tuvo una legislación similar de los años 40’s que dio origen al deterioro del centro histórico de la Ciudad de México.

La popularmente conocida “ley de rentas congeladas” aparentemente benefició a los inquilinos pobres, pero significó condenar al abandono y deterioro a gran parte de los inmuebles del centro de la Ciudad de México por casi sesenta años.

Al momento en que por impacto de esta ley dejó de ser rentable el arrendamiento de inmuebles, los propietarios dejaron de invertir en la preservación de la integridad física de estos. A su vez, los inquilinos, al no ser suyo el bien rentado, tampoco le dieron mantenimiento.

Cuando llegaron a ser inhabitables como vivienda gran parte de los bienes raíces del centro de la ciudad, los inquilinos los dejaron abandonados y edificios con valor histórico como representantes de la arquitectura colonial, terminaron cayendo en pedazos.

Además, se despobló el centro, donde hasta principios del siglo veinte hubo vida y actividad cotidiana por las familias que ahí tenían su residencia. Un porcentaje alto de esa población migró a la periferia, donde no había infraestructura urbana, generando un grave problema ecológico y jurídico por las invasiones de predios que comercializaron líderes políticos en un contexto de abierta corrupción.

Además, la mancha urbana creció desproporcionadamente en lo territorial, generando problemas de movilidad.

Esta ley se promulgó en 1942 como una solución temporal en el contexto de la segunda guerra mundial, a partir de un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho.

Se acabó la guerra, pero siendo imposible derogarla sin tener conflictos sociales, en 1948 el presidente Miguel Alemán le dio una prórroga indefinida. Terminó siendo interpretado ésto como una conquista de la clase trabajadora.

Fue hasta el año 2001, cuando su impacto en despoblamiento y deterioro físico del centro histórico permitió la derogación de esta ley, precisamente mientras era jefe de gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador.

Al jefe de gobierno López Obrador le correspondió iniciar la rehabilitación del centro histórico a un alto costo.

Esta experiencia vivida con la “Ley de renta congelada” nos muestra que en México no hay leyes de impacto temporal, pues cuando el ciudadano se acostumbra a un apoyo, este se vuelve obligatorio y jamás se podrá derogar. Si los edificios del centro de la Ciudad de México no se hubiesen deteriorado al grado de hacerse inhabitables y no los hubiesen abandonado sus inquilinos, no hubiese sido factible derogar, casi 60 años después de promulgada de forma temporal, esa ley.

Luis Pazos en su nuevo libro titulado “Justicia social injusta”, (Editorial Planeta), pone en evidencia que ayudar a unos ciudadanos a costa de lo que por derecho pertenece a otros, no es una buena estrategia, pues a la larga genera conductas sociales destructivas, pues se reprime el natural instinto, o motivación que nos impulsa a buscar comodidades a partir del esfuerzo productivo y del trabajo.

La justicia social que se pretende construir a costa de debilitar el “estado de derecho”, lleva implícito el germen de la autodestrucción.

Cuando la población vulnerable se acostumbra a vivir en su zona de confort, entonces se vuelve dependiente de la poca ayuda que recibe, que si bien no resuelve su situación, le genera un estado de ánimo conformista que le desestimula a invertir esfuerzo para mejorar. Entonces se vuelve manipulable en manos de su benefactor. Esta es la historia de México desde el fin de la Revolución Mexicana y no parece que esto vaya a cambiar.

La pobreza se combate con oportunidades productivas que generen autosuficiencia e independencia económica y no con dádivas disfrazadas de justicia social.

¿Usted cómo lo ve?