Por Maricela Allende Marcito

• Sobre advertencia no hay engaño y Ricardo Carvajal, periodista de El Sol de Puebla y emprendedor, lo sabe.

La madrugada del 19 de diciembre de 2022 desconocidos arribaron a su negocio, en el municipio de Amozoc, Puebla, y dispararon sobre la fachada por lo menos en diez ocasiones.

¿Qué hizo el periodista Carvajal para llamar la atención y la acción de los sicarios? Simplemente ejercer su profesión desde la denuncia social. En Amozoc, uno de los municipios con mayor inseguridad, Ricardo es el reportero que denuncia los abusos del poder en la localidad y el descontrol de la delincuencia.

Durante mucho tiempo le han ofrecido recursos económicos, que nunca ha aceptado y considera, es lo que más les molesta, porque creen que comprar silencio es lo más factible y cuando alguien no se los acepta, es cuando más se enojan y se ofenden.

Ricardo reconoce que “es emocionante redactar, es apasionante poder plasmarlo, pero la realidad es, que es muy peligroso, un arma de 2 filos, que no sabes en qué momento te vas a terminar cortando, entonces, se debe ser prudente y tener muchísimo cuidado”.
Sin embargo, después del ataque, menciona en entrevista que dejo de hacer investigaciones de nota roja y política durante varios meses, además de cuidar su redacción, para que los políticos no se sintieran agraviados.

Actualmente la fiscalía tiene dos líneas de investigación, una está dirigida hacia el alcalde actual de Amozoc, Mario de la Rosa y la otra al exalcalde José Cruz Sánchez, debido a amenazas que recibió con anterioridad por parte de familiares de estos.

Como menciona el representante del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) por sus siglas en inglés, Jan Hootsen en entrevista, la autocensura es la parte más extrema del impacto que tiene la impunidad.

La libertad de prensa es un derecho fundamental que garantiza el acceso a la información en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en muchos países del mundo, este derecho se ve amenazado por la violencia, la censura y la impunidad. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización que defiende y promueve la libertad de prensa.

De acuerdo con información de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, durante la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado al menos 45 periodistas asesinados, la mayoría en la impunidad.

Periodistas sacrificados por su labor

Lamentablemente, en los últimos años, no ha habido avances significativos en México en cuanto a la reducción de los crímenes generales. De manera preocupante, la tasa de impunidad se mantiene constantemente por encima del 90%, llegando incluso al 97.5% en casos de presiones contra periodistas. Esto significa que, de cada 100 crímenes reportados, solo 2 llegan a juicio y culminan en una sentencia.

Estos alarmantes datos evidencian una clara falla en las políticas de seguridad de México, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la impunidad en los crímenes cometidos contra la prensa. La cifra negra de los casos no reportados por la mayoría de los afectados contribuye a esta problemática, lo cual refleja la falta de una política real y efectiva para abordar este grave problema.

Este año 2023 han asesinado a 8 periodistas: el reportero de Portal Notiface, Jesús Gutiérrez Vergara fue asesinado el 24 de septiembre, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Los hechos ocurrieron cuando sostenía una plática con policías a quienes iba dirigido el ataque.

El periodista Nelson Matus Peña fue ultimado a balazos el 15 de julio, en Acapulco, Guerrero.

El corresponsal del diario La Jornada / Crítica ADN, Luis Martín Sánchez Íñiguez dejo de tener comunicación con su familia desde el 5 de julio y su cuerpo fue encontrado el 8 de julio con signos de violencia en Tepic, Nayarit.

El locutor de radio, Mario Salgado fue ejecutado el 2 de junio en el auto en que viajaba en Iguala, Guerrero.

El 23 de mayo fue baleado el periodista independiente, Marco Aurelio Ramírez Hernández en Tehuacán, Puebla.

El reportero del Semanario La Realidad, Fredid Román, fue víctima de un crimen en el estado de Guerrero el 22 de agosto.

El fotoperiodista José Ramiro Araujo Ochoa, de 66 años fue asesinado el 21 de febrero en un supuesto asalto, cuando regresaba a su domicilio en Ensenada, Baja California, tras cubrir el Carnaval de Ensenada. Era reportero gráfico en la revista Sol Ensenada, El Mexicano Ensenada, Novedades de Baja California, entre otros.

El 13 de febrero fue encontrado el cuerpo del periodista Abisaí Pérez Romero en Tula de Allende, Hidalgo, quien laboraba en el Son Politikón, cubría temas sobre impactos ambientales que sufre el Valle del Mezquital.

Voz de los defensores

Es fundamental tomar medidas urgentes y contundentes para combatir la impunidad en estos crímenes y garantizar la protección de la libertad de prensa en México. Esto involucra la implementación de políticas integrales, la asignación adecuada de recursos, una cooperación efectiva entre las autoridades competentes y la participación activa de la sociedad civil en la exigencia de justicia.

En una reciente entrevista con Jan Albert Hootsen, el representante del CPJ en América Latina, explicó cuál es la función de esta organización y cómo evalúa la situación de los periodistas en México.

Se recordó que hace tres años, durante una conferencia matutina, Jan Hootsen invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometerse a dotar al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de los recursos necesarios para su funcionamiento. El presidente aceptó el compromiso y ofreció recursos ilimitados para el mecanismo.

Sin embargo, Hootsen señaló que no basta con tener un presupuesto mayor de 800 millones de pesos, que es el presupuesto de este año, eso no garantiza la seguridad de los periodistas. También es importante cómo se usan esos recursos y cómo se coordinan las diferentes instituciones del Estado, como la fiscalía general de la República, los gobiernos estatales y las fuerzas de seguridad.

Según Jan, el mecanismo federal sigue fallando en muchos aspectos, como la falta de injerencia de la fiscalía en los planes de protección, el poder de veto que tiene esta institución sobre las medidas asignadas y la ausencia de una política integral que prevenga y sancione las agresiones contra los periodistas.

Además, resaltó que el propio Mecanismo rechaza a las personas que buscan obtener medidas de protección, al decirles que no cumplen con el perfil necesario para ser protegidos, es una situación cada vez más frecuente. Existe un creciente número de personas que buscan protección a través de este mecanismo.

El representante del CPJ también destacó que el discurso del presidente López Obrador ha contribuido a generar un clima de hostilidad hacia los medios de comunicación, al calificarlos de adversarios, conservadores o corruptos. Esto ha provocado que algunos seguidores del mandatario ataquen o amenacen a periodistas en redes sociales o en eventos públicos. Jan hizo un llamado al presidente a respetar el trabajo crítico e independiente de los periodistas y a reconocer su papel como garantes de la democracia.

Como vemos es necesario defender y promover la libertad de prensa en México y en el mundo. Los periodistas son actores clave para informar a la ciudadanía, fiscalizar al poder y denunciar las injusticias. Sin ellos, no hay democracia. Por eso, debemos exigir al Estado que cumpla con su obligación de protegerlos y garantizarles las condiciones para ejercer su labor sin miedo ni censura.