José Alberto Mora Zamorano

Doctor en Filosofía y comunicador

La idea de la justicia social ha sido ampliamente extendida en nuestra historia mexicana; en los discursos políticos, en la educación pública, en los medios de comunicación, en las movilizaciones sociales, incluso en el lenguaje cotidiano. Es noble, pero para conocer su significado debemos reflexionar sobre su concepto, definir la realidad objetiva de las acciones que se etiquetan sobre ese nombre. Para esto debemos ver el despliegue de una historia, la de la puesta en realidad de esta idea en grandes zancadas.

La justicia social es una idea emanada del movimiento de masas, como señala Schettino (2021), del corporativismo post revolucionario; si hemos escuchado de ella se debe, precisamente, al derecho que fundamenta la educación pública. Por lo cual, la primera intención por realizarla objetivamente se encuentra en los llamados derechos sociales o de segunda generación. La idea de justicia social busca realizarse en la Constitución del 1917 por medio de los derechos a la Salud, al Trabajo, a la Educación, principalmente; sin embargo, esta idea se desmorona desde los primeros años de su implementación.

En los trabajos académicos sobre la evolución de las políticas sociales, Martínez (2020), Franco y Canela (2016), Torres y Rojas (2015), Valverde (2015), Moreno, Ortiz y Marrufo (2004), Barba (2007), muestra como los llamados derechos sociales son en realidad derechos para trabajadores, principalmente del Estado. Ya sea en la primera etapa (el Estado agrario-exportador) o en la segunda (Estado industrializador o desarrollista), los derechos sociales no tienen una extensión universal, sino que se enfocan en a los sectores obrero y campesino como modo de control político. De todos los derechos sociales, la Educación resultará el único que buscará realizarse plenamente.

En una tercera etapa, la de Economía Abierta o Liberalización, emerge de forma alarmante el fenómeno de la pobreza y la pobreza extrema; primero en el campo (años 70) y después en las ciudades (años 80). La apertura también resultó política y obligó, como nación, a evaluarnos desde parámetros internacionales como el Índice de Desarrollo Humano: surgieron los Programas Sociales o Programas de Transferencia Condicionada (PTC) para abatir la pobreza. En las administraciones de la transición, los PTC buscaron coordinar los tres niveles de gobierno y también encontrar una metodología para medir su eficacia; frente a su lento avance, la creciente desigualdad y su uso, clientelar, los PTC se convirtieron en un nuevo instrumento de control político. Hasta aquí llegan las investigaciones revisadas sobre el tema.

En la actual administración, los Programas Sociales fueron replanteados, abandonaron la coordinación de los tres niveles de gobierno y su evaluación, para estar centralizados en la figura del Ejecutivo; la transferencia ahora es directa y el uso clientelar se presenta en actividades proselitistas y de apoyo al gobierno, con operadores desde la Secretaria del Bienestar. A lo anterior, agregamos que el único derecho extendido, la Educación, ya no representa la palanca para igualar oportunidades y;  como lo demuestra el caso de Yasmín Esquivel junto con la temerosa declaración de Enrique Graue (rector de la UNAM), el éxito para alcanzar el corazón del Sistema de Justicia depende más del privilegio que del mérito. Entonces, de qué hablamos cuando decimos “justicia social” si no de un concepto vacío, un tópico o lugar común como prosaica estrategia política.