Ricardo Homs

La presunción de inocencia es uno de los derechos humanos básicos, que nos debe proteger de los abusos de las autoridades judiciales.

En los países verdaderamente democráticos la presunción de inocencia es el punto de partida de la impartición de justicia.

Sin embargo, en un país tan suigéneris como lo es México, cualquier diligencia judicial parte de la premisa de que los presuntos culpables tienen la responsabilidad de comprobar su inocencia frente a las acusaciones de cualquier autoridad, lo cual es un absurdo que hemos convertido en una práctica cotidiana que llega al grado de generar estadísticas como aquella que la misma Secretaría de Gobernación reconoce: que el 42% de todos los reclusos actualmente hacinados en las cárceles ya han perdido su libertad sin tener aún sentencia. La posición del ciudadano frente a cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, es de vulnerabilidad, lo cual estimula el abuso.

Aún en el pueblo más pequeño de México, cualquier policía puede detener y consignar ante el ministerio público a cualquier ciudadano, argumentando simplemente que el sujeto “es sospechoso”. Este es el origen de todas las injusticias de nuestro país, historias de terror sufridas generalmente por ciudadanos en condición de pobreza y por tanto, de indefensión frente a la autoridad.

En cualquier país del mundo es el Estado quien está obligado a comprobar la culpabilidad.

En Netflix se está transmitiendo una miniserie titulada “Duda razonable… historia de dos secuestros”, que relata el calvario sufrido en la vida real por cuatro prisioneros acusados de secuestro a partir de un accidente automovilístico sucedido en Tabasco en 2015, ya en tiempos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los juicios orales. Reos que aún hoy siguen en la cárcel de Macuspana, pese a que su caso es exhibido por Netflix, lo cual es ¡Un hecho insólito, digno de una obra de ficción que exhibe la prepotencia cotidiana de nuestro sistema judicial!

Quien dirige esta serie es Roberto Hernández, quien conmocionó a muchos mexicanos en 2011 con su película “presunto culpable”.

Por tanto, el poder de un simple policía en este país es absoluto, pues su palabra está por encima de la de cualquier ciudadano. Imaginemos ahora el poder de cualquier fiscal.

Sin embargo, la conectividad tecnológica, -en plena era de las redes sociales-, no solo no ha resuelto el problema de la manipulación de la justicia, sino que ha introducido nuevas conductas colectivas que complican aún más el panorama.

Hoy vemos la pretensión de que la justicia responda a las expectativas ciudadanas y que el fallo judicial se derive del consenso colectivo, -presionando a jueces-, lo cual complica aún más la procuración de justicia.

Parece haber intentos de dirimir los grandes casos jurídicos de alto potencial mediático a través de declaraciones públicas y pretender que los jueces simplemente validen y respalden el veredicto de las mayorías.

La carga emocional que llevan implícitas las deliberaciones en redes sociales y en los medios de comunicación, es la fuente de muchas injusticias.

Hoy estamos presenciando el abuso de la prisión preventiva, que se utiliza en la investigación de delitos de tipo administrativo, incluso los de tipo fiscal, lo cual hasta hace pocos años no sucedía.

Hoy vemos que la prisión oficiosa, que se consideraba una excepción aplicable sólo a casos graves, se está convirtiendo en una práctica cotidiana que viola la presunción de inocencia y además, su difusión pública en los medios de comunicación masiva y en redes sociales, genera daños irreversibles en la reputación de las personas señaladas.

El impacto del manejo irresponsable de la difusión noticiosa de casos judiciales en su fase inicial, cuando aún debe estar protegido el indiciado por la presunción de inocencia, -acto promovido desde las mismas instituciones gubernamentales-, genera daños de impacto familiar, social, laboral, profesional y empresarial, que afectan a los indiciados.

El alarmante crecimiento de este fenómeno, -de manifestación reciente-, hace necesario un análisis a conciencia, para garantizar la protección a los derechos humanos de los indiciados, así como proteger el derecho de la sociedad a tener acceso a la información relevante, pero verdadera.

Este es un tema actual donde converge la jurisprudencia con la comunicación pública.

Por ello, con el fin de ayudar a preservar la fortaleza de nuestro “estado de derecho”, es que la Escuela Libre de Derecho, conjuntamente con la Academia Mexicana de la Comunicación A.C., a través de su Consejo Asesor Jurídico y con el apoyo de la Coalición de Mexicanos en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, organizan el Foro titulado: “Límites del Estado en la persecución delictiva y su impacto en los medios masivos de difusión”, que se llevará a cabo del seis al diez de diciembre próximos.
El programa está conformado por seis mesas de trabajo que desarrollarán los temas: “Alcances jurídicos del concepto delincuencia organizada y sus límites en la persecución de delitos”, “Presunción de inocencia y límites en la difusión de investigaciones penales”, “Juicios mediáticos y el efecto corruptor”, “Responsabilidad nacional e internacional por la violación a la presunción de inocencia”, “La independencia de los jueces frente al juzgamiento mediático” y la última “Daños irreversibles en la reputación, a partir de una denuncia mediática”.

Relevante será el “Conversatorio” que tendrá como figura central a don Sergio García Ramírez, importante jurista y académico, quien llegó a ser Procurador General de la República, así como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 2004 a 2007.

El programa de este evento podrá ser consultado en la página Facebook de la Escuela Libre de Derecho: https://www.facebook.com/eldoficial, y en la página WEB de la Academia Mexicana de la Comunicación: www.amdc.org.mx, donde incluso se podrán seguir en vivo cada una de las mesas de trabajo y posteriormente sus grabaciones.

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