Staff/Rossi

Durante la mesa “Fiscalías en México: avances, retos y retrocesos” quedó de manifiesta la necesidad de un verdadero cambio en la manera en que se conciben estas instancias de justicia y su forma de trabajo, ya que actualmente sólo contribuyen con la impunidad.

La cifra es tan vieja que cada vez alarma menos, aunque siga siendo preocupante: en México la impunidad, esto es, la cantidad de delitos que quedan sin castigo y en los que no se hace justicia, alcanza un porcentaje de 94.8 por ciento. Fiscalías que son usadas como botín político, pocos ministerios públicos, pocas policías investigadoras y abundancia de casos son sólo una arista del problema, pues también se suman las instancias que pasaron de ser procuradurías a fiscalías sólo de nombre, aunque trabajen igual; leyes locales que no están armonizadas con los marcos legales federales y, por lo tanto, crean lagunas que a nadie le interesa subsanar; falta de formación en derechos humanos y con perspectiva de género… la lista es larga y el tiempo para analizar y reflexionar corto. Así quedó demostrado en la mesa “Fiscalías en México: avances, retos y retrocesos”, con la que abrió la segunda jornada de la decimocuarta edición del Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) que tiene como sede el ITESO.

Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, dijo que actualmente es muy difícil hacer una radiografía de la situación de la justicia en el país. Sin embargo señaló que las cifras de 2020 permiten darse una idea: 21.2 millones de personas han sido víctimas de un delito; se han registrado 36 mil 579 homicidios, con una tasa de 29 asesinatos por cada 100 mil habitantes; la violencia de género creció 27 por ciento y se contabilizaron 20 mil 56 personas desaparecidas, así como el hallazgo de 559 fosas clandestinas. Todos estos delitos son investigados por instituciones que pasaron de ser procuradurías a fiscalías, “pero el cambio fue sólo nominal, no real, permanece el modelo punitivo que no pone al centro los derechos humanos ni tiene enfoque restaurativo”.

Por si fuera poco, añadió Rosales, las fiscalías están rebasadas: en promedio, cada fiscal debe realizar 145 investigaciones, ya que en el país sólo hay 11 fiscales por cada 100 mil habitantes. En Jalisco, por ejemplo, hay 6.1 agencias del ministerio público para ese rango poblacional, 7.5 fiscales, 16.1 policías investigadores y 7.3 peritos. Ante este escenario desbordado, la investigadora señaló que es necesario “comenzar a analizar fenómenos criminales, en lugar de seguir trabajando caso por caso”.

Luis Enrique González, director de Dignidad y Justicia en el Camino FM4 Paso Libre, enfocó su intervención en el caso de los migrantes, quienes además tienen que enfrentar el hecho de no contar con una figura jurídica que les permita acceder a los mecanismos de justicia porque, para empezar, la Ley de Atención a la Migración de Jalisco no está armonizada con la Ley de Migración ni con la Ley de Asilo. Así, cuando las personas en tránsito sufren delitos como robo, lesiones, extorsión o violaciones en Jalisco, no pueden acudir a buscar justicia “por la fiscalía les pide estancia legal, aun cuando no es un requisito”. En ese sentido, añadió, los albergues se han convertido, además de lugares de paz y humanidad, en espacios de acompañamiento jurídico.

Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, hizo hincapié en la necesidad de contar con fiscalías que sean autónomas en la práctica y no sólo en el papel, ya que sólo así se podrán garantizar resultados que no estén sujetos a la conveniencia política como, citó como ejemplo, la reciente persecución contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Guadalupe Ramos, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), dijo que “las mujeres están más expuestas a las violencias y además deben asumir la violencia institucional”. Puso por ejemplo los casos de violencia psicológica y emocional que resultan muy difícil denunciar porque “no hay huellas físicas y es lo primero que buscan las fiscalías, si no hay, no existe”. Señaló que 69.1 de las mujeres que viven en las áreas urbanas percibe una situación de inseguridad y añadió que en Jalisco la violencia se vive en todos los ámbitos, sobre todo en las áreas urbanas.

Entre las propuestas para cambiar la situación de las fiscalías, además de contratar más personal, los especialistas señalaron que es necesario dignificar el servicio público y hacer verdaderos cambios estructurales. Por otra parte, es importante desde la sociedad no perder la capacidad de indignarse y transformar esa indignación en procesos participativos, así como abrir espacios de formación en la cultura de la legalidad.