EL UNIVERSAL

• Ordena que juez revise otra vez medida de prisión preventiva justificada

Un tribunal federal confirmó el amparo concedido a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que el juez de Control del Reclusorio Sur revise nuevamente la medida de prisión preventiva justificada que le fue impuesta y decida si es posible modificarla para que recupere su libertad.

Según los estrados judiciales, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México desechó el recurso de revisión presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la sentencia emitida por el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México dictada a favor de Robles Berlanga.

En la sentencia, emitida el 24 de junio pasado, el juez Tercero de Distrito, Octavio Mejía, concluyó que el juez de Control, Ganther Alejandro Villar Ceballos no valoró adecuadamente el cambio de medida cautelar solicitado por Robles Berlanga para obtener un arraigo domiciliario y poder salir de Santa Martha Acatitla mientras se resuelve el caso de uso ilícito de atribuciones y facultades por la Estafa maestra.

En consecuencia, al ser una sentencia inatacable, el juez de Control deberá analizar otra vez la solicitud sobre el arraigo domiciliario.

El pasado 4 de octubre se dio a conocer también que un juez federal ordenó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no emitir declaraciones sobre la probable culpabilidad de Robles Berlanga en la Estafa maestra.

Al considerar que Gertz Manero violó la presunción de inocencia de Robles Berlanga, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la protección federal a la exfuncionaria para que el fiscal General no emita juicios de valor sobre su caso.

Mientras que el 5 de octubre pasado, un juez federal vinculó a proceso a José Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades en el caso de la Estafa maestra.

Al exfuncionario federal, quien fue detenido a finales de septiembre pasado, le fue impuesta la medida de prisión preventiva justificada y el juez concedió un plazo de 60 días naturales para concluir la investigación complementaria.