Staff/Rossi

• De 1964 a la fecha, se tiene un registro de al menos 91 mil personas desaparecidas en México

Las universidades que forman el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) exhortaron a las autoridades de todos los niveles a reconocer y atender los casos de desapariciones forzadas en México, que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda suman al menos 91 mil desde 1964 a la fecha.

Además, exigieron que se lleven a cabo medidas coordinadas, eficientes e inmediatas para frenar cualquier tipo de desaparición en el país, así como sancionar de manera adecuada a las o los responsables de este delito. Recordaron que muchas veces hay impunidad porque las familias de víctimas tienen miedo a denunciar o dar seguimiento al hecho.

En el comunicado, firmado por la IBERO CDMX, Tijuana, León, Puebla y Torreón, así como por el ITESO, el Instituto Superior Intercultural Ayuuk y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, se informa que la mayoría de estas desapariciones han ocurrido en Jalisco, Michoacán, CDMX, Tamaulipas, Nuevo León, entre otras entidades.

Frente a este panorama, las instituciones que conforman el SUJ refrendaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y reiteraron su compromiso de seguir acompañándolos en sus exigencias y procesos de verdad, memoria, justicia y reparación, y enumeraron una serie de tareas que las autoridades deben realizar.

Entre ellas:

• Continuar con la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
• A las entidades del país, a continuar con la armonización de la Ley General y de la Ley de Declaración de Ausencia.
• Poner en marcha el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y adoptar todas las medidas necesarias para la identificación pronta y certera de las personas, incluyendo la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
• Investigar, sancionar y reparar los daños a las víctimas.
• Seguir los protocolos de atención hacia las víctimas para evitar su revictimización.
• Generar un mecanismo institucionalizado a nivel federal y estatal de presupuestación progresiva en la materia, para que las tareas de búsqueda e identificación forense estén posibilitadas financieramente.
• Sobre todo, a adoptar medidas preventivas eficaces para que erradiquemos un flagelo como éste.