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· El Dr. Javier Urbano, académico de la IBERO, publicó el libro ‘Migración y desarrollo: propuestas para una gestión alternativa de la política migratoria de México’

Las personas migrantes no están contempladas en el diseño de políticas públicas de desarrollo en los países receptores y, en ese sentido, carecen de los derechos que sí tienen los nacionales, lo que posterga su integración plena a los procesos de adquisición de bienes, de progreso y de realización, dijo el Dr. Javier Urbano Reyes, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Y en tanto más se difiera su integración, se estará posponiendo el que las y los migrantes doten de mayores posibilidades a los países a los cuales llegan, pues “un inmigrante plenamente productivo puede aportar mucho al desarrollo de una nación, a condición de que se le dé espacio para el desarrollo pleno de sus capacidades”.

Para Urbano, docente del Departamento de Estudios Internacionales, son innegables los beneficios que generan las personas migrantes. Por ejemplo, naciones con un envejecimiento de su población están resolviendo o atenuando este problema grave con la llegada de migración, que está rejuveneciendo su pirámide demográfica, lo que además implica una aportación en el contexto de lo fiscal, un pago de impuestos que a su vez genera una serie de beneficios que no se tendrían si no hubiera inmigrantes.

En segundo lugar, y contrario a lo que dice mucha gente, la presencia de inmigrantes dinamiza el fortalecimiento de las culturas, pues éstas, al cambiar constantemente, encuentran en el migrante, el transmigrante y el inmigrado, a un dinamizador de esta transformación, abundó el también profesor en la Maestría en Estudios sobre Migración, quien recientemente publicó el libro Migración y desarrollo: propuestas para una gestión alternativa de la política migratoria de México, editado por la Dirección de Publicaciones de la IBERO.

No obstante, las personas migrantes se han vuelto una mercancía para los partidos políticos de derecha y de extrema derecha, que están aprovechando su debilidad e incapacidad para responder políticamente, para decir que son los culpables de muchos de los problemas en sus naciones; lo que “se vende en un contexto político electoral”. En este escenario político, en un contexto de crisis como la actual, se dice que los migrantes son el riesgo; y no que es “la irresponsabilidad de los políticos, que no saben hacer política pública adecuada”.

Respecto a qué debería considerar una gestión alternativa de la política migratoria, tema de su libro, el catedrático de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, propone, primero, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se involucre más en evaluar qué están haciendo los países en materia de atención, protección, promoción e integración de los migrantes, inmigrantes y transmigrantes; lo cual podría exponerse en un informe mundial.

Por otro lado, es urgente tener un diálogo multilateral sobre la migración altamente calificada, de la cual no reclaman nunca las naciones ricas, porque se están aprovechando de esta migración que se forma en los países pobres; “esto lo he definido yo como piratería de recursos humanos altamente calificados”. Es así que, habría que iniciar un diálogo respecto a cómo las naciones receptoras van a compensar el que se están beneficiando a largo plazo con migrantes altamente calificados, que son estratégicos en sus países de origen.

Un tercer punto es la “pobre” ayuda oficial al desarrollo, que ronda los 140 mil millones de dólares, frente a los casi 600 mil millones de dólares en remesas. Aunque las y los migrantes son las personas más desfavorecidas en el mundo, transfieren más recursos de las naciones ricas a las pobres, lo que debe debatirse urgentemente en términos de que por lo menos las naciones ricas igualen los recursos de las remesas, para poder acompañar su proceso de impacto en el desarrollo de las naciones emisoras de migrantes.

En el caso específico de México y Centroamérica, tiene que haber una mayor colaboración instrumental, para generar bases de datos sobre desaparecidos, heridos, mutilados, niños y niñas no acompañados y personas fallecidas.

Asimismo, debe haber una armonización legislativa regional para la persecución de delitos relacionados con la migración, como: trata, tráfico, secuestro, secuestro exprés y extorsión contra migrantes; para que pudieran ser castigados a nivel mesoamericano y evitar que quien cometa alguno de esos delitos huya a otro país donde no está penado, lo que anula la efectividad en la persecución de esos delitos.

También hay que pensar en planes de desarrollo para Centroamérica de lapsos de 20 a 30 años, porque la región requiere una renovación a partir de cero en muchos procesos sociales de violencia, deserción escolar, maternidad y paternidad precoz, violencia intrafamiliar, falta de empleo, cambio climático, entre otros; problemas se resuelven de una generación a otra, no de un sexenio a otro.

Y, finalmente, se requieren recursos. Pero no basta con los cuatro mil millones de dólares que plantea el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; sino que se necesitan cuatro mil millones de dólares anuales durante los próximos 20 años, para que dentro de un cuarto de siglo se empiecen a ver resultados claros en el desarrollo de Centroamérica.