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El país, ubicado al norte de España y de 500 kilómetros cuadrados, se convirtió en una especie de “paraíso fiscal” para empresarios y políticos mexicanos durante el gobierno de Peña Nieto.
La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos, de acuerdo con la investogación de Armando G. Tejeda corresponsal en España del periódico La Jornada.
Andorra, un país al norte de España, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se convirtió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.
Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que, lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.
Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y empresarios de sectores diversos. Según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”. Es decir, el defensor de confianza de Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España.