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El CESE considera inaceptable y contraria a los valores fundamentales de la UE la persistencia de obstáculos jurídicos y técnicos en toda Europa que hacen que ningún país de la Unión pueda garantizar unas elecciones plenamente accesibles para todos

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) insta al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a los Estados miembros a que modifiquen con urgencia el Acta Electoral de 1976 de manera que se garantice que todos los ciudadanos de la UE con discapacidad puedan ejercer efectivamente su derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

En su Dictamen sobre La necesidad de garantizar a las personas con discapacidad el derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo, aprobado el 2 de diciembre, el CESE pide que en el texto del Acta se aclaren los principios de universalidad, secreto y carácter directo del sufragio.

Esto pondría fin a la discriminación contra los votantes con discapacidad derivada de las normas o disposiciones vigentes en los distintos Estados miembros, que difieren considerablemente de un país a otro. También podría servir para eliminar los obstáculos jurídicos o técnicos que existen actualmente y privan de su derecho de voto a millones de personas.

«El CESE considera que esta discriminación es inaceptable y contraria a los valores fundamentales de la UE, al Tratado y a importantes actos jurídicos y políticos internacionales», asegura el ponente del Dictamen, Krzysztof Pater.

El Dictamen se aprobó en el último pleno del CESE, en el que las cuestiones relacionadas con la discapacidad ocuparon un lugar central con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de 2020, que se celebra en todo el mundo el 3 de diciembre. El Dictamen es continuación del documento informativo de 2019 del CESE sobre esta cuestión.

«Este Dictamen defiende ante todo la dignidad humana. Lo que pedimos tiene que ver con el principio de igualdad de derechos para todos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya millones de ciudadanos de la UE con discapacidad que no pueden ejercer su derecho de voto y que los responsables políticos no hagan prácticamente nada al respecto? Se trata de una cuestión clave para la democracia de la UE», subraya el Sr. Pater.

Espera que las personas con discapacidad no sufran el mismo destino que las mujeres europeas, que no vieron levantada la última restricción de su derecho de voto en los países que actualmente integran la UE hasta finales de 1976, setenta años después de que Finlandia se convirtiera en el primer país de Europa en abrir sus colegios electorales a las mujeres.

El CESE advierte de que, si no se introducen cambios jurídicos, el número de ciudadanos potencialmente privados del derecho al voto no dejará de crecer, ya que el rápido envejecimiento de la población de la UE hace que la proporción de personas con algún tipo de discapacidad aumente por término medio en un punto porcentual cada seis años por término medio.

El derecho de voto también se niega a personas hospitalizadas temporalmente, sujetas a tratamiento o rehabilitación domiciliarios y sometidas a aislamiento o cuarentena por riesgos epidemiológicos.

EL INFORME DE 2019 DEL CESE YA SEÑALÓ LA DISCRIMINACIÓN DE LOS VOTANTES CON DISCAPACIDAD

El documento informativo del CESE de 2019, elaborado por el Sr. Pater, enumeraba en detalle las limitaciones y obstáculos a los que se enfrentan los votantes con discapacidad en cada Estado miembro. También presentaba 200 ejemplos de soluciones aplicadas en los distintos países.

Las conclusiones del documento, publicado dos meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, fueron confirmadas posteriormente por noticias e informes poselectorales de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil.

Aunque inmediatamente antes de aquellas elecciones se introdujeron algunos cambios positivos en la legislación nacional de Alemania y Francia, se determinó que las legislaciones nacionales de catorce países seguían privando del derecho de voto a unos 400 000 ciudadanos a causa de trastornos de salud mental o discapacidad intelectual. Además, podrían contarse por millones las personas con discapacidad impedidas para votar como consecuencia de disposiciones organizativas o técnicas derivadas de las normas nacionales.

Por ejemplo, según el informe del CESE, hay ocho países de la UE en los que las personas que no pueden acudir físicamente al colegio electoral debido a una discapacidad o enfermedad no tienen ninguna otra forma de votar. En dieciocho países, las personas con discapacidad visual no pueden votar de forma autónoma, y en nueve países los votantes tienen que escribir en la papeleta el número de identificación del candidato, su nombre o el nombre del partido al que votan, lo que constituye un grave obstáculo para muchos.

MEDIDAS PROPUESTAS POR EL CESE

El CESE considera que las prácticas actuales que discriminan a los ciudadanos de la UE con discapacidad pueden eliminarse rápidamente modificando el Acta Electoral de manera que sea obligatorio que los países de la UE apliquen normas que garanticen a estas personas el ejercicio efectivo de su derecho de voto.

A tal fin, el CESE pide que se aclare el principio del sufragio universal establecido en el Acta Electoral haciendo constar que las normas nacionales no podrán privar a ningún ciudadano de la UE de su derecho de voto en las elecciones al Parlamento Europeo a causa de una discapacidad o enfermedad.

También deben aclararse los principios de sufragio directo y secreto a los que se hace referencia en el Acta. El CESE sugiere un conjunto de seis medidas que los países de la UE deberían adoptar para garantizar que estos principios se respeten en el voto de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad.

El CESE considera que la UE podría aprovechar las experiencias positivas de muchos países para aplicar las soluciones propuestas.

«Si se aplican todas esas normas, las elecciones de 2024 en la UE serán verdaderamente universales y accesibles para todos. Este es nuestro objetivo, que podría marcar el inicio de una nueva era para los derechos de las personas con discapacidad en Europa», concluyó el Sr. Pater.