Consejo Universitario BUAP pide la intervención de autoridades federales y denuncian persecución contra el rector Alfonso Esparza

María Arévalo

El Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) solicitó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenir en la entidad ante el gobierno estatal, al que acusa de “atentar contra los derechos fundamentales de los poblanos y en particular del rector Alfonso Esparza Ortiz,  su familia y funcionarios universitario”.

A través de un desplegado, el Consejo Universitario hizo un llamado urgente a los poderes de la Unión y a los órganos autónomos de procuración de justicia, auditoría y contraloría para que, en el marco de sus facultades y respeto al federalismo, intervengan en el estado de Puebla, debido a que atenta contra los derechos de los poblanos, especialmente en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento.

El comunicado señala que ejemplo de ello es la persecución política que el gobierno del estado ha implementado contra el rector Esparza Ortiz y, por lo tanto, contra la propia institución educativa, la cual consiste en la manipulación de las instituciones del estado para fabricar procesos judiciales sin fundamentos, así como el uso de un aparato propagandístico para afectar la imagen la máxima casa de estudios.

Asimismo, indica que el rector ha sido blanco del asedio, de la acción articulada y sistemática del gobierno local, e incluso de órganos estatales que deberían ser autónomos, e imparciales en su actuar, como la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado, cuyos titulares han emprendido acciones arbitrarias contra Esparza Ortiz y su familia.

Prueba de esto son las denuncias que interpuso la Auditoría Superior del estado  contra el rector con el argumento de que se opuso a la revisión de sus cuenta pública, cuando era una acto totalmente ilegal, destaca el desplegado.