Ricardo Homs

Las opiniones personales de miembros destacados de instituciones importantes, muchas veces terminan siendo confundidas como la opinión institucional. Este es el caso de las declaraciones del cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez, cuestionando la legitimidad del movimiento feminista que este domingo ocho de marzo se manifestará contra la violencia y la falta de equidad y el día nueve llevará a cabo el paro denominado “#Undíasinmujeres”.

La declaración del polémico cardenal, quien se expresó a título personal, pues está en retiro desde el 2011, contrasta con la postura oficial de la Iglesia Católica, expresada en un comunicado oficial por el arzobispo don Rogelio Cabrera López, quien encabeza la CEM, o sea la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa a todas las diócesis de México, las cuales son encabezadas por los obispos.

En contraste, el presidente de la CEM, quien sí tiene la representatividad, ha manifestado su apoyo a este movimiento, solicitando que no haya represalias contra las mujeres que se sumen a este paro social y manifiesta el apoyo de la Iglesia Católica a esta toma de conciencia de las mujeres que luchan por la dignidad de género y en contra de la violencia.

Queda en evidencia que la actitud del sector conservador de la Iglesia Católica, del cual participan incluso un grupo de mujeres que han grabado videos que circulan en las redes sociales, convocando a no participar del paro, calificando a este movimiento como abortista, no está alineado a la nueva actitud de la Iglesia Católica, que pretende acercarse a la sociedad contemporánea, solidarizándose con las problemáticas que hoy agreden a los mexicanos, como la violencia provocada por el crimen organizado, la crisis humanitaria que hoy viven los migrantes centroamericanos en su paso por México, el abuso infantil, entre otros graves problemas, además, de estar participando en las soluciones.

Las posturas radicales de estos grupos católicos contrastan frontalmente con los mensajes humanistas del Papa Francisco y generan confrontación innecesaria.

La visión de compromiso social que ha manifestado públicamente la CEM en diversos foros, entrevistas e incluso comunicados, no ha tenido aún el impacto público esperado, comparado con el que generan declaraciones controvertidas del sector radical, lo cual alimenta el conflicto.

Como ejemplo de esta actitud, cabe destacar la llegada a México de una comisión enviada directamente por el Papa para analizar los temas de abuso infantil y encubrimiento por parte de miembros prominentes del clero mexicano, que hoy son exhibidos y se pretende sean castigados como una medida disuasiva para evitar que vuelvan a registrarse este tipo de actos abominables.

Charles Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, -organismo que presidió el Papa Bendicto XVI antes de asumir el cargo máximo de la Iglesia Católica- y Jordi Bertomeu, oficial del dicasterio, quienes se han especializado en pederastia dentro de la Iglesia Católica, llegarán a México el 20 de marzo y permanecerán siete días para elaborar un reporte que será entregado al Papa Francisco, reuniéndose con víctimas de abuso sexual, así como con autoridades eclesiásticas, para instrumentar programas que impidan la realización de este tipo de delitos.

Cabe destacar que la nueva actitud de tolerancia cero implica apoyar a las autoridades civiles en la aplicación de justicia para castigar abusos y erradicar la impunidad dentro de esta institución religiosa. Por ello, según dio a conocer el nuncio apostólico Franco Coppola, la CEM solicitó al papa su intervención, lo cual se concretó en la futura visita a México de esta comisión del Vaticano.

Algo que ha pasado desapercibido es que en enero pasado la CEM solicitó a las autoridades civiles mexicanas la eliminación de la prescripción del delito de abuso sexual, del Código Penal, lo cual actualmente impide la aplicación de justicia y ejercer acciones penales en delitos cometidos hace muchos años. Esta petición significaría la posibilidad de reabrir expedientes antiguos, entre los cuales hay denuncias en contra de sacerdotes.

Podríamos concluir que es necesario diferenciar entre las declaraciones emitidas a título personal por figuras públicas vinculadas con instituciones y las declaraciones que representan la postura oficial de cada institución, las cuales pueden ser radicalmente opuestas ante un mismo tema.

¿Usted cómo lo ve?