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Las escenas parecían olvidadas: nueve personas aparecieron colgadas en un puente en Uruapan, Michoacán, en el occidente de México. Otras 11 fueron asesinadas. Los cuerpos de algunas fueron desmembrados.
Ocurrió el 8 de agosto. Semanas después varios desconocidos llegaron a un bar en Coatzacoalcos, Veracruz, en el sureste, y tras cerrar todas las puertas incendiaron el local.
Ese 27 de agosto murieron 28 personas y 11 más resultaron heridas. En ambos casos las autoridades señalaron a las bandas de tráfico de drogas como las responsables de los ataques.
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Las masacres recuerdan los años más intensos de la guerra contra el narcotráfico, declarada por el expresidente Felipe Calderón en 2006.
Algunos vieron en ellas una señal de la violencia creciente en México, que tuvo en 2018 el año con el mayor número de homicidios en su historia reciente: se cometieron más de 33.000.
Otros fueron más allá. Desde febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no hay guerra contra las drogas en México.
Y luego anunció una nueva estrategia de seguridad que contempla, por ejemplo, dar becas y empleo a jóvenes y evitar que sean reclutados por bandas de narcotráfico.
También se creó la Guardia Nacional, una corporación integrada por policías militares para sustituir a la Policía Federal.
Pero al margen de la nueva estrategia, en lo que va de año los carteles mantuvieron sus operaciones, advierten los expertos.
“El narcotráfico no sólo no se fue sino que consolidó su presencia”, asegura Carlos Rodríguez Ulloa, de la organización Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
“Una muestra es lo de Coatzacoalcos, que es producto de la delincuencia organizada. Esos niveles de violencia se explican por una espiral de violencia” en el país, le explica a BBC Mundo.
Al presentar su primer informe de gobierno este domingo, a pocos días del ataque en Veracruz, López Obrador hizo referencia a la inseguridad y reconoció que sigue siendo una tarea pendiente.
“Todavía padecemos de inseguridad y violencia, considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio”, dijo, haciendo referencia al despliegue militar que hizo entonces el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) para contener a los carteles.
Y subrayó que su estrategia para combatirla consiste en “que haya buenos empleos y salarios” y la creación de la Guardia Nacional, que ya cuenta con 58.600 efectivos y se ampliará hasta llegar a 140.000.
Combate militar al narco
Y cuando fue electo presidente, López Obrador adelantó que su plan contra la inseguridad sería distinto al de gobiernos anteriores.
En las administraciones de Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) se desplegó a miles de soldados, marinos y policías federales para combatir el narcotráfico.
Ambos gobiernos buscaban capturar a los líderes de las bandas y carteles. Inclusive durante el período de Peña Nieto se estableció una lista de 122 personas a quienes llamó “objetivos prioritarios”.
Eran líderes de organizaciones criminales consideradas “de alta peligrosidad para la sociedad mexicana”.
Sin embargo, la estrategia de “descabezar carteles” como le llamaron algunos especialistas, aumentó el número de homicidios en algunas regiones.
La razón: peleas internas por ocupar el sitio del líder capturado. “Se abrieron vacíos de poder que son cubiertos con más violencia”, le explica Rodríguez Ulloa a BBC Mundo.
Así ocurrió con el Cartel del Golfo, por ejemplo, que en 1997 reclutó a 40 exmilitares de élite que se convirtieron en su brazo armado.
El grupo, llamado desde el inicio como Los Zetas, se separó de la organización en 2010 y formó su propio cartel, uno de los más violentos de México y Centroamérica.
Otro ejemplo es el Cartel de Sinaloa. Tras la última recaptura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en 2015, empezó una guerra interna para quedarse con su grupo.
La fractura aumentó la violencia en estados como Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Sonora y Baja California Sur.
Guerra de carteles
En este sentido, la propuesta de López Obrador contrasta con la de sus predecesores, pues pretende enfocarse en la seguridad de las poblaciones y ciudades con problemas de violencia.
A diferencia de los gobiernos anteriores, la captura de líderes de carteles y bandas no es prioridad.
“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal”, dijo en su momento, al anunciar el fin de la guerra contra el narcotráfico.
“La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a los capos lo que buscamos”.
Eso no significa cancelar las operaciones militares contra el tráfico de drogas, ya que aún se mantienen, le aclara a BBC Mundo un vocero del Gobierno de México que prefirió mantener el anonimato.
Pero también siguen los enfrentamientos y ataques de bandas de narcotráfico. ¿Por qué?
Una de las razones es que desde hace dos años el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una batalla con otros grupos por controlar el mercado del tráfico de drogas.
Tal guerra explica, por ejemplo, la aparición de cuerpos colgados y desmembrados en Uruapan, Michoacán, coinciden los expertos consultados.
El gobierno del estado dice que la masacre fue parte de una batalla entre el CJNG y la banda conocida como Los Viagras, dedicada a la extorsión y narcotráfico.
Y en el caso de Veracruz las autoridades creen que el incendio en el bar de Coatzacoalcos se debe a la disputa del Cartel con lo que queda de Los Zetas.
“Es la mejor estrategia”
Las escenas ya se habían visto en otros años en distintas partes del territorio.
“Cuando vemos acontecimientos como los de Veracruz o Michoacán es porque hay células que tratan de controlar el territorio”, le dice a BBC Mundo Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos.
“Hay liderazgos que se pierden y las distintas facciones pelean por el poder”, explica.
Hasta ahora la respuesta del gobierno federal ante el repunte de la batalla de carteles es “insuficiente”, dice Rodríguez Ulloa, el investigador de la organización Casede.
“El gran problema con la delincuencia organizada es que, si ve que el Estado no le hace frente, seguirá con sus negocios como siempre”.
Algunos cuestionan la estrategia de López Obrador, sobre todo porque el número de homicidios violentos sigue en crecimiento.
En el primer semestre de este año ocurrieron más de 17.000 según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El presidente defiende su plan.
“Vamos a seguir combatiendo la delincuencia, pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos. Fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y de violencia”, advirtió.
“Vamos a seguir combatiendo la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, puede llevarnos tiempo pero es la mejor estrategia”.
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