Rossi A. G.

De 2008 a 2019, en el país ocurrieron 29 mil 332 feminicidios y homicidios dolosos en mujeres.

Mientras que en 2008 sucedían cuatro muertes por día; al 30 de abril de 2019 se registran 9.85 asesinatos diarios
A 12 años de la implementación de la alerta de género en México, todavía persisten problemas como la falta de efectividad en la promulgación de leyes sobre el tema o la inutilidad de programas y políticas públicas. Sin embargo, lo más evidente es la falta de voluntad política del Estado para combatir la violencia contra las mujeres, enfatizó Rosío Córdova Plaza, académica del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, durante el conversatorio “Reflexiones en torno a la alerta de violencia de género en Puebla”, realizado en la BUAP.

Al dictar la conferencia magistral, la investigadora dio a conocer las cifras que demuestran el crecimiento exponencial de la violencia contra la mujer en México. Al respecto, dio a conocer que de 2008 a 2019 se registraron 29 mil 332 feminicidios y homicidios dolosos en mujeres. Además, subrayó el crecimiento significativo de los feminicidios, pues mientras que en 2008 ocurrían cuatro muertes diarias, 11 años después, al 30 de abril de 2019, son 9.85 asesinatos por día.

Córdova Plaza, nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para dar Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Veracruz, aseveró que a finales de 2017, una de cada cinco mujeres vivía en territorio de alerta de género o en proceso de hacer la declaratoria.

Según las cifras, el Estado de México está en primer lugar con 733 asesinatos de mujeres; Veracruz, en segundo con 382; y en tercer lugar Guerrero, con 339 muertes. Puebla, donde la declaratoria se realizó el 8 de abril de 2019, ocupa el cuarto lugar nacional con 273 muertes, de 2017 a 2019.

La investigadora concluyó que desafortunadamente los protocolos culturales en México culpabilizan a las mujeres de los delitos que sufren, pero no consideran esa violencia como un aspecto estructural y sí una relación entre personas, lo que minimiza la gravedad del fenómeno y llega a la negación del problema.