Por Rossi A. G. 

• Al cierre de 2016 había en el país 3 989 agencias del ministerio público estatal y 192 agencias del ministerio público federal

• La tasa de agentes y fiscales del ministerio público estatal por cada 100 mil habitantes se incrementó de 5.0 a 8.4 agentes en el periodo 2010-2016, mientras que la carga de trabajo por cada agente o fiscal estatal disminuyó a un ritmo de 1.4% promedio anual para el mismo periodo.

Una de las funciones básicas que la Constitución encomienda al Estado mexicano es la de procurar justicia. La procuración es el primer paso del sistema procesal penal y consiste en determinar la probable responsabilidad de la persona indiciada y establecer si existen elementos suficientes, de tipo penal, para optar por el ejercicio o no de la acción penal ante un presunto delito.

El Estado ejerce esta función por medio de los ministerios públicos, cuyo papel se encuentra instituido en el artículo 21 de la Constitución, que dispone la competencia del ministerio público para investigar y perseguir los delitos, mediante el ejercicio de la acción penal, con el auxilio de la policía que está bajo su autoridad.

Asimismo, en los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimiento Penales, se menciona que el ministerio público tiene a su cargo las tareas de investigar, coordinar a las policías ministeriales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y ordenar las diligencias para demostrar la existencia de un delito y la responsabilidad de quien lo cometió.

Como parte fundamental de la tarea de procuración de justicia, la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral amplió las funciones del ministerio público, al conferirle la responsabilidad de presentar pruebas y realizar alegatos en el juicio oral, solicitar la reducción de penas en el proceso abreviado, y resolver sobre la aplicación del criterio de oportunidad. De tal forma que, con la implementación de este nuevo sistema, las actividades del ministerio público se ampliaron.

Ante la importancia de las funciones que realizan los ministerios públicos en la procuración de justicia, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia instituyó el 22 de octubre como el “Día Nacional del Ministerio Público”. El propósito es reconocer la función que desarrollan los ministerios públicos, tanto federales como locales, y su importancia en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En este comunicado mostramos algunas cifras sobre la estructura organizacional con que cuentan los ministerios públicos de las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas y los recursos humanos que disponen para ejercer la función de procuración de justicia y el papel que juega en la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

Agencias Del Ministerio Público

Al cierre del año 2016, para cumplir con la función de procuración de justicia, México contaba con 192 agencias del ministerio público federal, adscritas a la Procuraduría General de la República (PGR), para determinar la comisión de delitos del fuero federal, y con 3 989 agencias del ministerio público de las procuradurías o fiscalías generales de justicia de cada una de las entidades federativas, que se encargan de los delitos del fuero común.

El número de agencias del ministerio público con que cuentan cada una de las procuradurías y fiscalías estatales, para la atención de los asuntos penales del orden local,por cada cien mil habitantes da una idea de la capacidad que tienen para ejercer la función de procuración de justicia.

En 2016, 23 entidades tenían menos de cinco agencias del ministerio público para atender a cien mil habitantes. En cambio, los estados de Baja California Sur, Chiapas y Zacatecas tenían más de 10 agencias del ministerio público por cada cien mil habitantes.

Las agencias del ministerio público se distribuyen y organizan de acuerdo con las necesidades de cada entidad federativa, de manera que se pueden encontrar dos tipos de agencias: las mixtas o generales y las especializadas. Las primeras se encargan de la investigación de delitos sin importar su naturaleza, mientras que las especializadas tienen como fin atender los delitos que más afectan a una comunidad en particular.

Como ejemplo, se encuentran las agencias especializadas en robo de vehículos; o aquellas en brindar atención a un grupo o comunidad de personas con características específicas, como pueden ser las agencias para la atención de adolescentes que se dedican a proteger la integridad de los menores y evitar su vulnerabilidad física y psicológica, o aquellas agencias especializadas en delitos contra las mujeres.

En el periodo 2010-2016 el número de agencias especializadas se incrementó hasta significar la mayoría: 52% del total de agencias del ministerio público de las procuradurías o fiscalías generales de las entidades federativas en 2016, y el resto (48%) eran mixtas o generales

En ese año, las agencias especializadas en homicidios, robos, atención de adolescentes, justicia alternativa y robo de vehículos significaron en conjunto alrededor de 16.3% del total de agencias especializadas.

Además, se observa que los principales tipos de agencias especializadas a nivel estatal son las de atención de adolescentes con un total de 126 agencias, que están presentes en 29 entidades.

Asimismo, destacan las especializadas en homicidios y robo de vehículos, las cuales se encuentran distribuidas en 25 entidades, con un total de 129 para el caso de homicidios y 103 agencias especializadas en robo de vehículos.

Por su parte, hay 88 agencias especializadas en delitos contra las mujeres distribuidas en 17 entidades federativas. En contraste, sólo se tenía una agencia especializada en delitos cibernéticos en el estado de Guanajuato y únicamente los estados de Guerrero y Sinaloa tenían agencias especializadas en atención a turistas. Además, en Quintana Roo todas las agencias eran mixtas o generales, mientras que el estado de México sólo contaba con agencias especializadas

Agencias Del Ministerio Público

Los agentes o fiscales del ministerio público son las personas encargadas de llevar a cabo las diligencias necesarias para ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, tal como la investigación de hechos que puedan ser constitutivos de delitos.

La diferencia entre agentes y fiscales estriba en que los primeros corresponden a las personas adscritas a la PGR o bien a las procuradurías generales de las entidades federativas, las cuales forman parte del Poder Ejecutivo Federal o estatal; en cambio, los fiscales laboran en las fiscalías generales de las entidades y, cuando ocurra el cambio, en la Fiscalía General de la Republica, que a diferencia de las procuradurías, son órganos autónomos dotados de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

Al cierre de 2016, la PGR contaba con 2 596 agentes del ministerio público federal, que representó una tasa de 2.1 agentes por cada cien mil personas; mientras que las procuradurías o fiscalías generales de los estados contaban con un total de 10 314 agentes o fiscales de los ministerios públicos, que significó una tasa de 8.4 agentes de los ministerios públicos estatales por cada cien mil habitantes en el país.

Esta última cifra ha tenido un incremento constante en el periodo 2010-2016, representando tres agentes más comparado con los cinco agentes del ministerio público por cada cien mil personas que había en 2010

Se observa que 20 entidades superaron la tasa estatal conjunta de 8.4 agentes y fiscales estatales, siendo Chihuahua y Baja California Sur las de mayor tasa con 24.8 y 16.5 para atender las denuncias o querellas de cada cien mil habitantes, respectivamente.

De acuerdo con la distribución de agentes federales por sexo en 2016, 58.2% eran hombres y 41.8% mujeres, en tanto que del total de agentes estatales 49.3% eran hombres y 50.7% mujeres. Esto muestra que existe una participación igualitaria por sexo entre las personas que desempeñan la función de procuración de justicia en el país

Además, se observa que en 20 entidades federativas más de la mitad de los agentes y fiscales eran mujeres, siendo Querétaro la de mayor proporción de mujeres agentes ministeriales con un 68.3%. En contraste, Sonora fue la única entidad donde los hombres representaban más de 60% de los agentes o fiscales.

En estados como Sonora, Puebla, San Luis Potosí y la Ciudad de México, la mayoría de los agentes y fiscales del fuero común tenían más de 40 años. También, cabe señalar que la mayor proporción de jóvenes fiscales entre 18 y 29 años se encontraron en Colima y Tlaxcala, con 40.2% y 32.5% del total de fiscales en la entidad, respectivamente.

Con relación al rango salarial que percibían los agentes o fiscales de los ministerios públicos, el 96.8% de los agentes del ministerio público federal ganaba más de 30 mil pesos en 2016, mientras que 44.9% del total de agentes estatales tenía ingresos de entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales, y 27.3% percibían entre 20 mil y 30 mil pesos.

El análisis revela que los estados donde agentes y fiscales recibían mayores remuneraciones fueron Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro. En estas entidades todos los agentes o fiscales del ministerio público percibían ingresos mensuales superiores a 30 mil pesos. Los agentes o fiscales de Colima, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas ganaban entre 20 mil y 30 mil pesos.

Asimismo, se pudo distinguir que los agentes del ministerio público de la región centro occidente del país percibían las mayores remuneraciones, ya que 45.4% ganaba más de 30 mil pesos al mes, que contrasta con lo observado en los estados del sureste donde 85

Al indagar en la distribución del nivel de ingresos por sexo, no se observa una distribución desigual entre hombres y mujeres, ya que en el ámbito federal 97.4% de las mujeres y 96.4% de los hombres tenían un ingreso superior a los 30 mil pesos, mientras que a nivel estatal 45.1% de las mujeres y 44.7% de los hombres tenían un ingreso entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales.

Adicionalmente, 26.1% de las mujeres y 28.5% de los hombres percibían ingresos en el rango entre 20 mil y 30 mil pesos. De igual manera, los niveles de remuneración de mujeres y hombres fueron similares en las entidades federativas

Carga De Trabajo De Los Ministerios Públicos

La carga de trabajo que tienen que atender los ministerios públicos puede medirse a través del número de averiguaciones previas y carpetas de investigación que cada agente o fiscal tiene que atender en un determinado periodo de tiempo.

A partir de esta razón, se puede observar que la carga de trabajo en el ámbito federal fue de 64 averiguaciones previas y carpetas de investigación por agente en 2016, observándose una reducción en la carga de trabajo respecto a los dos años anteriores .

En el nivel estatal, también se encontró una disminución en la carga de trabajo de 1.4% promedio anual desde 2011, al pasar de 405 carpetas de investigación y averiguaciones previas por cada agente o fiscal en 2011 a 251 por cada agente o fiscal en 2016.

La reducción en la carga de trabajo de los agentes de los ministerios públicos estatales se explica porque el número de agentes creció a un mayor ritmo (10.4% promedio anual) que el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación, cuyo crecimiento fue de 8.8% en promedio durante el periodo.

Sin embargo, se encontraron diferencias importantes entre las entidades federativas. La razón más alta se observó en Jalisco, donde la carga de trabajo por cada agente o fiscal fue de 770 carpetas de investigación o averiguaciones previas durante 2016, seguido de Sonora con 745, y Baja California con 532.

Las cargas de trabajo más bajas se observaron en Nayarit, Campeche y Chiapas con menos de 100 carpetas o averiguaciones previas por agente o fiscal.

En 2016, se registraron 1 743 777 millones de delitos en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en las procuradurías o fiscalías del país, de los cuales 95.1% fueron del fuero común y alrededor 4.9% correspondieron al fuero federal.

Al analizar el tiempo que les llevó a las víctimas denunciar el delito ante el ministerio público, no se observaron cambios significativos en el periodo 2012-2017. En promedio, 47.2% de las víctimas manifestó que destinó menos de dos horas para realizar la denuncia

Percepción del desempeño de los Ministerios Públicos

La percepción que tiene la población sobre el desempeño de los ministerios públicos del orden local es importante porque una opinión favorable puede traducirse en una mayor confianza de la población en las instituciones encargadas de la procuración de justicia y motivar con ello la denuncia de delitos.

Durante el periodo de 2011 a 2018, el porcentaje de la población mayor de 18 años que consideraba que el desempeño de los ministerios públicos era efectivo, aumentó de 37.2% a 50%, mientras que la proporción de la población opinaba que el desempeño de la Procuraduría General de la República (PGR) era efectivo se ha mantenido alrededor de 55%, proporción más alta que la observada en los ministerios públicos estatales.

En 2018, más de la mitad de la población de 27 entidades percibió un desempeño efectivo en la función realizada por el ministerio público estatal, siendo la Ciudad de México la única entidad donde la proporción de la población con una opinión favorable sobre el ministerio público fue menor a un tercio del total

Este incremento coincide con el aumento en la confianza de la población en los ministerios públicos estatales, la cual se ha incrementado en casi 10 puntos porcentuales en el periodo 2011-2018, al pasar de 33.7% a 43%. Por su parte, en el caso de la PGR, la proporción de la población que expresa tener confianza en esta autoridad se ha mantenido en torno a 50%.

Por entidad federativa, se observa que en 2018 hubo 8 entidades donde más de la mitad de la población confiaba en el ministerio público local. Con excepción de Morelos, el estado de México y la Ciudad de México, en el resto de las entidades se observó que más de 40% de la población expresó esta confianza

En resumen, los datos señalan que paulatinamente la cobertura en la atención de la población que ha sido víctima de algún delito ha incrementado, al igual que la percepción del desempeño y confianza de la población en el ministerio público. Sin embargo, todavía hay camino por recorrer para mejorar la tasa de denuncia y el tiempo que se destina a realizar dicho trámite.

De esta manera, el INEGI contribuye a destacar el trabajo que realizan los agentes y fiscales de los ministerios públicos del país como actores fundamentales para vigilar y hacer valer el acceso a la justicia que demanda la población mexicana.