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Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal informó que ha iniciado una investigación con el objetivo de esclarecer 22 observaciones, resultado de siete auditorías hechas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR). Aseguró que si se asignan responsabilidades “procederemos de inmediato”.

En conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional, la dirigente dijo que empezó a tomar cartas en el asunto desde el 2 de abril de 2019, tras recibir denuncias de malos manejos de recursos económicos del comité del FODEPAR y de los propios beneficiarios.

Detalló que se concluyeron las auditorías el 27 de septiembre del año pasado a la CONADE “y hemos notificado a dicha autoridad las observaciones. El 2 de diciembre concluyó la recepción de la información de los funcionarios para solventar las observaciones y estamos en el análisis de la información que se nos proporcionó”.

Dijo que la intención es cerrar como corresponde la auditoría y existirá una asignación de las responsabilidades, “procederemos de inmediato”.

CONADE, DISPUESTA A COLABORAR

Ana Guevara, directora general de la CONADE, se mostró dispuesta a apoyar la investigación, no obstante estar de alguna manera involucrada. Manifestó que las dependencias del gobierno central son estructuras muy grandes y mal acostumbradas, en las que día a día, “trabajamos en vencer dichas inercias, vencer obstáculos y recomponer las malas prácticas del pasado”.

Agregó que “estamos colaborando con la secretaría de la Función Pública (Sandoval Ballesteros) y con su equipo de trabajo, para solventar seis observaciones y corrigiendo fallas de la administración pasada”.

Quiso aclarar la ex atleta que la información difundida en recientes días, sobre posibles malos manejos, es resultado de las auditorías en cuestión “y no consecuencia de información periodística como se ha manejado públicamente”.

Enseguida prometió que se actuará en apego a la ley y que se acatará la determinación que tome la mencionada dependencia, que es responsable de combatir la corrupción y el mal uso de los recursos del pueblo.