Ricardo Homs

Lo que se debe esperar de un proyecto político que vendió a todo México “esperanza”, es que ahora que gobierna, su actitud sea solidaria ante el sufrimiento y dolor que viven todas las víctimas de la delincuencia.

Solidario también ante el dolor de las familias de niños enfermos de cáncer, así como de las comunidades campesinas que son desplazadas de su hogar por la delincuencia organizada del Estado de Guerrero para quedarse con sus tierras, de los microempresarios que son acosados por la delincuencia organizada por el cobro del “derecho de piso”, de las familias centroamericanas que han sido engañadas por alguien en su país de origen para que en caravanas lleguen a México a enfrentar riesgos. Esperaríamos una actitud sensible y solidaria ante las tragedias que viven otros tantos grupos sociales, hoy en posición vulnerable.

Sin embargo, las respuestas gubernamentales se han caracterizado por la ausencia de sensibilidad frente al dolor humano… igual que sucedió con los gobiernos anteriores, hoy denominados conservadores y neoliberales. La sensibilidad social se vincula con problemáticas grupales, que se resuelven con respuestas políticas, como las que hay. Sólo la sensibilidad humana puede dar respuestas al dolor personal y familiar.

Como ejemplo podemos tomar la forma en que fueron recibidos en el Zócalo de la Ciudad de México los integrantes de la “Marcha por la verdad, la justicia y la paz”, que encabezan el poeta Javier Sicilia y los hermanos LeBaron.

¿Por qué las autoridades toleraron la actitud agresiva de los esbirros que agredieron físicamente y con insultos al contingente de familiares de víctimas de la violencia?. La misma prensa que cubría esta marcha, también fue agredida. Solo unos metros separaron a estos porros, de Palacio Nacional y del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Imposible ignorar la agresión.

El silencio de la CNDH frente a este entorno de descalificación y falta de respeto a las víctimas de la delincuencia por parte de las autoridades, es de llamar la atención.

La titular de la CNDH está más preocupada por generar ahorros en la operación cotidiana de esta institución, que por defender a familiares de víctimas y a las mismas víctimas cuando son ignoradas, o hasta descalificadas verbalmente por las autoridades que deberían protegerlas.

La CNDH hoy está ausente frente a la negligencia gubernamental y la indiferencia con que las autoridades enfrentan las problemáticas cotidianas.

Cuando se filtraron las posibles iniciativas que se pretendían enviar al Congreso para modificar el Código Penal, en materia de seguridad y justicia, con lo cual se podría convertir a un sospechoso en presunto culpable que tendrá que demostrar su inocencia mientras está en arraigo, así como otras condicionantes violatorias de derechos humanos, la CNDH pareció voltear hacia otro lado y su silencio le convierte en cómplice de las autoridades, pues la presunción de autonomía queda destrozada frente a la cruda realidad.

La ley de extinción de dominio, tal y como fue instrumentada, es totalmente violatoria de los derechos humanos más elementales, pues primero convierte en delincuente al presunto culpable, le confiscó sus bienes y los remata y sólo si después resulta ser inocente, se le devuelven migajas.

Es cierto que en gobiernos anteriores, también faltó sensibilidad ante los problemas sociales, pero precisamente ahora es cuando se espera un cambio radical y por ello el pueblo votó a favor de quienes ofertaron “esperanza”.

Se esperaba una visión de gobierno humanista. En contraste, se percibe una actitud defensiva y reactiva por parte de las autoridades frente a las exigencias ciudadanas de justicia. Se descalifica a las víctimas y sus familias si exigen atención y soluciones. Hay ausencia de elemental solidaridad humana.

Parece ser que todo debe pasar por el filtro del combate a la corrupción para que este gobierno fije una postura, incluso, ante los graves problemas que enfrentan hoy los mexicanos vulnerables.

De entrada, todo aquel que no esté trabajando por la 4T es presunto corrupto, sin derecho a la presunción de inocencia y honorabilidad. Todas las instituciones autónomas que no están alineadas y todas las organizaciones civiles, son castigadas con la presunción de corrupción.

El reclamo y la descalificación están siempre a punto de externarse como respuesta al primer intento de disentir por parte de algún miembro de la sociedad civil o de alguna institución ciudadana.

México desde siempre ha sido un país dolido, donde las injusticias son cotidianas en todos los ámbitos. Si en la política “la forma es fondo”, la actitud gubernamental insensible ante el dolor de las víctimas de la violencia, muestra un rostro que contradice todo lo prometido en campaña.

Sin embargo, el mexicano es un ser generoso, dominado por “las ganas de creer” de que aún hay esperanza de que el viento algún día sople a su favor. Por ello las altas calificaciones siguen otorgándole a este gobierno.

¿Será mucho pedir un poco de sensibilidad ante el dolor derivado de la tragedia humana que viven muchas familias mexicanas?

¿Usted cómo lo ve?