Ricardo Homs

La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, donde residía quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, pone sobre la agenda pública el tema de la desconfianza en nuestro sistema de impartición de justicia.

Independientemente de que se compruebe la veracidad de la acusación en contra de este ex funcionario por haber recibido sobornos de parte de un cártel, debemos recordar que en la época de García Luna al frente de la seguridad interior de nuestro país se dieron varios acontecimientos vergonzosos, siendo uno de ellos el montaje televisivo de la captura de la francesa Florence Cassez que fue liberada por este acontecimiento inmoral, aunque nunca se le excusó del delito de secuestro. Con la libertad se le compensaron las anomalías durante su captura.

Desde entonces, muchos mandos policiacos han estado bajo sospecha de contubernio con los grandes cárteles.

Detenciones de delincuentes importantes, realizadas deliberadamente erróneas, como para que puedan lograr su libertad aún sin ser exonerados del delito que se les imputa, simplemente como compensación por un error administrativo en la integración del expediente, o por la forma en que se realizó la detención, pone en evidencia que nuestro actual sistema de impartición de justicia no responde a la lógica elemental de los principios universales.

Primeramente, debemos considerar que la impartición de justicia no es una venganza social, sino un medio de desestimular el delito, poniendo un freno psicológico.

Se espera que ante el temor del castigo, el posible delincuente decida no realizar el delito. Por ello, la impunidad prevaleciente hoy tiene el efecto contrario, que es estimularlo.

El segundo objetivo, siguiendo una mentalidad lógica debe ser la readaptación social de los delincuentes. Se espera que la reclusión de un delincuente en la cárcel debiese dar la oportunidad a la reflexión moral y a través de ello, propiciar la rectificación, o sea, la regeneración del individuo para que al ser liberado se reintegre a la sociedad como un ser productivo e inicie una vida honorable.

En contraste, nuestras cárceles hoy son la universidad del crimen, donde los internos realizan alianzas, se integran a bandas delictivas o cárteles. 

El contexto dentro del penal no sólo no propicia la regeneración moral, sino que hace peor persona al individuo, pues los malos tratos generan resentimiento, lo cual estimula la venganza sobre la sociedad y la crueldad en la comisión del delito. Incluso, las cárceles hoy se han convertido en el centro estratégico de operaciones de muchas bandas, para cometer extorsiones y secuestros con ayuda de cómplices que operan en las calles.

El tercer objetivo, debiese ser una profilaxis, para sacar de circulación a gente peligrosa que puede cometer crímenes. Por ello, cada vez que un juez libera a un sujeto peligroso para compensar anomalías administrativas, como la deficiente integración de un expediente, o abusos durante la detención y encarcelamiento, está cometiendo un gran delito, pues al liberarlos recicla delincuentes que agreden a la sociedad, e incluso, asesinos que quitarán la vida a más personas.

Actualmente es frecuente descubrir que gente violenta, como sicarios y asesinos, al ser encarcelados hoy, nos enteramos que anteriormente ya estuvieron presos en algún penal y fueron liberados. Esto nos hace suponer que los asesinatos cometidos por ellos después de su liberación, son total responsabilidad de los jueces que les dieron la libertad.

La esencia de nuestro sistema judicial debe ser replanteada, para que la impartición de justicia responda a este principio universal y se guie por un pensamiento lógico.

El caso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón es una llamada de alerta, pues genera la suspicacia de ¿qué hubiera sucedido si el juez hubiese realizado una valoración objetiva antes de liberar al esposo, que ya había sido denunciado por ella por violencia familiar?.

Él puede ser o no el verdadero homicida de ella, pero existían sospechas fundadas en conductas anteriores.

Podríamos concluir que la sociedad percibe que en la actualidad hay una crisis moral en la impartición de justicia, lo cual genera desconfianza.

Por ello, la ley que regula la aplicación de justicia cuando se juzgan conductas violentas, debe ser revisada con el apoyo de juristas destacados, psicólogos y sociólogos, para determinar cuál es el camino que puede ayudar en la erradicación de la violencia.

Debemos descubrir las mecánicas sicológicas y sociales que estimulan el delito violento y además, devolver a la impartición de justicia la honorabilidad y la confiabilidad perdida.

¿Usted cómo lo ve?

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