Rossi A. G.

· Integrantes de las 7 comunidades que tendrían potenciales impactos por Proyecto Hidroeléctrico Puebla (PHP ) rechazamos la representación de Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Consejo Tiyat Tlali, Fundar Centro de Análisis y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

· Las comunidades indígenas no somos moneda de cambio de intereses de terceros. Nos informamos, tenemos voz y poder de decisión propios.

· Hemos sido amenazados. Ya presentamos denuncias ante las autoridades correspondientes.

Puebla a 31 de octubre de 2019.- Representantes de las 7 comunidades indígenas de San Felipe Tepatlán, Xochimilco, Xochicugtla, Altica, Emiliano Zapata, Zoquiapa y Cuatepalcatla rechazamos las acusaciones que organizaciones que no pertenecen a nuestras comunidades hacen de forma irresponsable sobre nuestros compañeros. También que estas asociaciones se adjudican una representación que solamente les ha dado una minoría de nuestra comunidad y así lo hemos hecho saber al Presidente López Obrador a través de una carta que adjuntamos a este comunicado.

Ratificamos nuestro apoyo al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 ya que durante 18 meses participamos en un proceso llevado por autoridades de distintos niveles de gobierno en el que realizaron una Consulta Previa, Libre e Informada. Misma que como señaló la sentencia 598/2016 del Juez Miguel Arroyo Herrera, cumplió conforme al convenio 169 de la OIT, la legislación mexicana y de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Organizaciones como Fundar y el Consejo Tiyat Tlali nos niegan nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y rechazan el diálogo. Prueba de ello es que el pasado 18 de octubre siete personas, representando a las siete comunidades, acudimos a las oficinas de Fundar en Coyoacán CDMX para solicitar que no continuaran con el proceso jurídico. La respuesta a nuestra solicitud es una conferencia de prensa pública en la que se nos acusa irresponsablemente e incitan a un ambiente negativo. Adjuntamos carta entregada en dicha reunión.

Los acuerdos alcanzados desde 2016 son beneficios compartidos para todas las comunidades que las autoridades de los tres niveles definieron como directamente relacionadas con el proyecto. La obra y los beneficios se han frenado a pesar de que las resoluciones han sido a favor de nosotros, como comunidades interesadas en que se lleve a cabo.

Respecto a que existen violaciones al derecho a la propiedad, contra el medio ambiente, contra el agua y a la libre determinación de los pueblos, se presentaron las pruebas ante el Poder Judicial y de ahí la resolución a favor de un proyecto que es en beneficio de todos.

Las comunidades indígenas invitamos a estas organizaciones a que, en caso de que tengan elementos que comprueben amenazas, denuncien ante las autoridades como lo hicimos nosotros. Los números de referencia son 17/2017/Zacatlán y NUAT.217/2019/FIR.

Nos ponemos a disposición de los medios de comunicación para aclarar cualquier duda.