Rossi A. G. 

· Desde el senado vigilaremos que no haya persecuciones políticas ni terrorismo fiscal: GP de Morena.

· Esta ley está y estará a favor de los 1.3 millones de empresarios que se encuentran actualmente generando empleos: Alejandro Armenta.

Al fijar postura por parte del Grupo Parlamentario de Morena, el Senador por Puebla Alejandro Armenta puntualizó que la denominada Ley contra las Empresas Fantasmas y Evasión Fiscal “tiene por objetivo erradicar la corrupción que se anidó en el viejo régimen que al amparo de más de 9 mil empresas inexistentes y fideicomisos públicos desviaron 2 billones de pesos a través de 8 millones de facturas falsas y evitaron la atención a las necesidades sociales del país”.

Precisó que entre 2014 y 2018 los desvíos presupuestales limitaron la construcción de 221 hospitales, la compra de 472 mil ambulancias, de 663 mil autos patrullas y lo más grave dijo el senador Armenta “la defraudación fiscal equivalía a 37 veces lo que cuesta la Guardia Nacional para el combate a la delincuencia; el principal problema que enfrenta México se llama Corrupción” reiteró.

“Es por eso, que como Senador de Morena presenté una iniciativa que contempla diversas reformas legales, necesarias para combatir una problemática nacional que atenta contra los ingresos que el País necesita” aseguró el Senador de Morena por Puebla.

Alejandro Armenta puntualizó que esta ley está y estará a favor de los 1.3 millones de empresarios que se encuentran actualmente generando empleos y que se la están jugando por México; “resultado de 7 meses de diálogo, 12 reuniones de análisis y discusión donde se recogieron distintas propuestas y opiniones, además de que se escucharon a todas las voces interesadas”.

Es importante señalar que las autoridades fiscales detectaron 2 tipos de delincuentes, los peligrosos a través de grupos organizados y sofisticados que ocasionan graves daños multimillonarios; y los no peligrosos que cometen un solo delito de manera espontánea y por una cuantía reducida.

En el primer caso, se propone que los delitos típicamente cometidos por las compañías factureras ameriten prisión preventiva oficiosa.

Mientras que en el segundo caso, los no peligrosos, para ellos la reforma contempla salidas externas a los evasores fiscales de menor peligrosidad, siempre y cuando y de manera inmediata reparen el daño.

En el Código Fiscal de la Federación se consideran sanciones de 5 a 8 años de prisión a quien expida, compre o adquiera comprobantes fiscales falsos.

En ese contexto, Alejandro Armenta reiteró que no habrá persecución al empresario y sí protección al contribuyente, “para quien pretenda extorsionar con la nueva reforma, sí habrá fuertes sanciones y los servidores públicos corruptos emanados de cualquier fuerza política serán severamente castigados”.