Ricardo Homs

Las agresiones realizadas por delincuentes en contra de las fuerzas armadas y la policía, así como las que realiza la población civil cuando confronta a militares y agrede a policías y agentes de tránsito, tanto de modo colectivo como individual, es muestra de que se ha perdido el respeto a estas instituciones que hoy están encargadas de la seguridad pública.

Hoy que México está consternado por el ataque de un comando armado al bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, con un saldo de 29 fallecidos, queda constancia de que el gobierno federal, tanto durante las administraciones de los presidentes anteriores, como en la actual, no ha asumido un compromiso real con el combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz pública.

Sin embargo, el problema es complejo, pues además de una operación gubernamental deficiente, caracterizada por indolencia en la depuración de los cuerpos policiacos y las estructuras responsables de la impartición de justicia, la cual debe iniciar en los ministerios públicos, el problema se ha agravado por una evidente pérdida de autoridad moral de instituciones y personas encargadas de garantizar la seguridad pública

Hace pocos años la falta de respeto a las autoridades, era impensable. Hoy esto es cotidiano. Antiguamente las autoridades eran temidas por sus abusos y respetadas por lo que representaban institucionalmente. Sin embargo, había orden. Hoy ni lo uno ni lo otro.

En contraste hoy… ¿qué clase de orden podemos esperar en este país cuando ya se perdió la autoridad moral y con ella el respeto a las autoridades?

De ningún modo queremos tener autoridades que despierten temor, pero sí respeto.

Esto es provocado por un desgaste sistemático de la imagen de estas instituciones, logrado a lo largo de los años a través de declaraciones en su contra, que provienen desde lo más alto de la estructura gubernamental, con graves calificativos como es el de ser represores, planteamiento reiterativo que es externado por quienes hoy nos gobiernan.

Hoy que esas instituciones, que debiesen imponer el orden con autoridad e infundiendo respeto, han sido vilipendiadas, ¿con qué argumento ahora se le exige a la ciudadanía que las respete?.

Este es el riesgo de hablar sin medir consecuencias cuando se es oposición, sin considerar que de llegar a gobernar, se necesitará tenerlos como aliados. ¿Cómo pedir respeto para quienes antes fueron estigmatizados, criticados y calificados como represores?. Esta falta de congruencia mina la autoridad.

Además, ¿cómo imponer la ley con autoridad moral si lo primero que se dice a los revoltosos que desquician el orden, es que no habrá represión?. Esto ha generado la percepción de que imponer la ley para restablecer el orden equivale a represión.

Los delincuentes saben leer muy bien la psicología de quienes gobiernan y cuando perciben debilidad, lo cual se traduce en impunidad, tratan de tomar control.

Calificar como represión la imposición de la ley, genera percepción de debilidad en quien tiene la autoridad para imponer el orden.

Además, la justificación de la pobreza como origen de la delincuencia, lo cual ha sido mencionado reiteradamente, da al delito una connotación de reivindicación social. Es como justificar que quien tenga necesidades, las resuelva quitándoles dinero y pertenencias a quienes tienen una mejor posición económica. Significa mezclar lo ideológico de la lucha de clases con el fenómeno vil y pueril de la delincuencia. Estos son los tiempos que estamos viviendo, de confusión ideológica que estimula la confrontación y con ello el uso de la violencia.

Imponer la ley no es una opción para quien gobierna, sino una responsabilidad y una obligación. Sin embargo, no lo entiende.

La ley se debe imponer a secas, sin miramientos ni excepciones, de modo igual para todos.

Las frases demagógicas como “abrazos… no balazos”… así como aquel planteamiento de campaña electoral que proponía una ley de amnistía y negociación con la delincuencia, además de las frases reiteradas “amor y paz”, han frivolizado la aplicación de la ley y generan una percepción de debilidad gubernamental, además de constituir una falta de sensibilidad social al minimizar y hasta ignorar la tragedia humana que viven las víctimas de la violencia y sus familiares.

Una visión distorsionada de lo que es la delincuencia, estimula socialmente la comisión del delito y la aplicación de la violencia.

Por ello hoy es tan difícil combatir la delincuencia e imponer el orden.

La delincuencia no se combate con buenas intenciones, ni con discursos morales, sino enfrentándola cara a cara y aplicando la ley.