Guarderías subrogadas del IMSS en riesgo, más de 100 mil niños serían afectados

EL VALLE

Toluca, Méx.- Debido a la carencia de los recursos destinados a las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el próximo 31 de diciembre podrían cerrar definitivamente hasta 630 establecimientos, situación que afectaría a más de 100 mil niñas y niños, así como a sus familias, alertó Elías Dajer Fadel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías.

En conferencia de prensa, afirmó que las condiciones económicas planteadas por el IMSS no contemplan el aumento de los gastos operativos y laborales registrados en los últimos ocho años, puesto que ellos brindan un servicio a mamás trabajadoras y al mismo tiempo, emplean a otras trabajadoras. “Dónde está el estado de mexicano para proteger a estos niños”, dijo.

Acompañado por Lilia Brito Ordaz, representante del sector en el Estado de México, puntualizó que actualmente, el IMSS paga 6 mil 222 pesos mensuales por cada niña o niño atendido y, en las propuestas preliminares para la nueva contratación, contempla elevar la cuota a 6 mil 300 pesos.

En contraparte, mencionó que, los responsables de estos centros calculan que requieren entre 10 mil y 13 mil pesos por niño para cubrir servicios de alimentación, atención médica, educación y seguridad, los cuales se les brinda de la mejor calidad.

Detalló que, en el Estado de México, los contratos de 22 guarderías subrogadas, en las que atienden a aproximadamente 6 mil niñas y niños, están por entrar a una etapa de licitación, pero no hay un acuerdo sobre las cuotas que les permita seguir en funcionamiento el siguiente año.

El representante empresarial sostuvo que la diferencia entre ambas cantidades hace inviable la continuidad de muchos establecimientos. Señaló que, desde 2018, los incrementos al salario mínimo han elevado los costos de operación, mientras que las cuotas pagadas por el IMSS, según sus cálculos, únicamente han tenido ajustes inflacionarios.

“El contrato lo firmamos en 2021, hace cinco años y vence el 31 de diciembre. Por más que nosotros hemos intentado una y otra vez tener comunicación con el instituto se niegan a dar la cara”, cuestionó.

Asimismo, refirió la diferencia presupuestal entre los centros administrados directamente por el IMSS y aquellos que operan mediante contratos con particulares. Aseguró que, mientras en las guarderías propias el gasto por menor superaría los 15 mil pesos, en las subrogadas se ofrece menos de la mitad, pese a que deben cumplir condiciones de atención similares e incluso, mejores que las que el instituto administra, lo cual consideró totalmente injusto.

Dajer Fadel, quien indicó representar alrededor de 800 guarderías agrupadas en más de 400 empresas, también señaló que el sector no ha recibido respuesta a las solicitudes de diálogo dirigidas a la dirección general del IMSS, encabezada por Zoé Robledo Aburto, ni a la Presidencia de la República. Además, pidió aclarar el destino de los recursos que, aseguró, han generado excedentes en el rubro de guarderías.

En cuanto al proceso de contratación, mencionó que las primeras solicitudes de cotización enviadas en Nayarit y la Ciudad de México contienen condiciones que los prestadores consideran no son equitativas, así como montos previamente establecidos.

Asimismo, advirtió que, si estos procedimientos avanzan a licitaciones que posteriormente sean declaradas desiertas, recurrirán a las instancias de fiscalización y control correspondientes.

Ante la falta de acuerdos, el dirigente no descartó que las guarderías realicen suspensiones temporales del servicio y movilizaciones desde finales de noviembre, pero si el conflicto continúa sin resolverse, advirtió que la interrupción podría volverse definitiva.

Subrayó que la problemática es a nivel nacional, por lo que no se descartan movilizaciones y suspensiones temporales de los servicios a finales de noviembre, a las cuales se podrían sumar los padres de familia que también son afectados.

Finalmente, el representante del sector enfatizó que las consecuencias irían más allá de la operación de los establecimientos, pues también estaría en riesgo el empleo de sus trabajadores y la posibilidad de que miles de madres y padres de familia