Regidora y síndico de Chapa de Mota denuncian irregularidades administrativas y violencia de género

EL VALLE

Toluca, Méx.- El síndico municipal Antonio García Pérez y la primera regidora María del Rosario Franco Barrera, del municipio de Chapa de Mota hicieran públicos una serie de señalamientos contra integrantes de la administración municipal, encabezados por la alcaldesa María Guadalupe Franco Cruz, relacionados con presunta obstrucción de sus funciones, posibles irregularidades administrativas y violencia política en razón de género.

En conferencia de prensa, los funcionarios expusieron por separado los problemas que, aseguraron, han enfrentado desde el inicio de la actual administración y anunciaron que ya recurrieron a distintas autoridades para que los hechos sean investigados.
El síndico municipal dijo que el principal problema ha sido la presunta limitación de las facultades de la sindicatura, particularmente en temas relacionados con la revisión del presupuesto, acceso a información y personal necesario para desempeñar sus responsabilidades.

Al hacer referencia a diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), dijo que en los expedientes JDSL 23/2025, JDSL 24/2025 y JDSL 25/2025, acumulados, el Tribunal determinó que la falta de documentación suficiente relacionada con el Presupuesto de Egresos 2025 afectó el ejercicio pleno de su cargo.

También mencionó el expediente JDSL 321/2025, en el que, de acuerdo con lo expuesto, se acreditaron omisiones de la presidenta municipal y del secretario del Ayuntamiento. En este último caso, señaló que el Tribunal estableció que el secretario no tenía facultades para rechazar unilateralmente la inclusión de un asunto solicitado para el orden del día de una sesión.

A lo anterior se suma el expediente JCL 41/2026, relacionado con el cumplimiento tardío de una sentencia. Según lo informado por el síndico, la resolución fue atendida aproximadamente tres meses después del plazo establecido, situación por la que la tesorera municipal recibió una amonestación pública, mientras que la presidenta municipal fue señalada por no vigilar su cumplimiento.

Y señaló denuncias ante distintas instancias para que se revise la actuación de funcionarios municipales y se determine si existen responsabilidades administrativas.
Informó que presentó tres denuncias contra la tesorera municipal ante el Órgano Interno de Control, así como otras tres contra el secretario del Ayuntamiento.

Indicó que existen denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo contra la presidenta municipal y solicitudes para realizar una auditoría especial a la nómina del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2025 y al periodo de abril a junio de 2026.
Mientras la primera regidora, María del Rosario Franco Barrera, presentó otra denuncia dentro de esta confrontación al informar que interpuso una denuncia por presunta violencia política en razón de género contra la presidenta municipal y su esposo, José Luis García Guzmán, presidente honorífico del DIF de Chapa de Mota, quien cuando se encuentran dentro del ayuntamiento se ha referido a ella despectivamente.

Explicó que acudió ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el pasado 18 de julio, luego de una serie de situaciones que, afirmó, han afectado tanto el desempeño de sus funciones como integrante del Cabildo como su integridad.
Entre los hechos que relató se encuentra un incidente ocurrido el 13 de febrero, cuando se realizaba una entrega de árboles por parte del área de Ecología.

Según su versión, la presidenta municipal acudió al lugar y habría instruido a la coordinadora de Ecología retirar los árboles que previamente habían sido asignados a integrantes del Ayuntamiento.
La edil señaló que este hecho, junto con otros acontecimientos, fue incluido como parte de los elementos de su denuncia ante la autoridad electoral.

Por lo que, el síndico busca que se investiguen presuntas restricciones al ejercicio de sus funciones y posibles irregularidades en el manejo administrativo y de la nómina, la primera regidora sostiene que ha sido víctima de actos que podrían constituir violencia política en razón de género.
Ambos coincidieron en que serán las autoridades correspondientes las que deberán revisar los hechos, determinar si existen responsabilidades y, en su caso, establecer las sanciones que correspondan.