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Los abogados de Cristiano Ronaldo revelaron por primera vez en documentos judiciales que el jugador pagó 375.000 dólares para resolver una denuncia de que violó a una mujer en un hotel de Las Vegas en 2009.

Los abogados de la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo revelaron por primera vez en documentos judiciales el monto que el jugador pagó para resolver una denuncia de que violó a una mujer en un hotel de Las Vegas en 2009.
Kathryn Mayorga sostiene que Ronaldo pagó 375.000 dólares en un acuerdo de conciliación y confidencialidad después de que ella lo acusó de agresión sexual. El acuerdo está en el centro de una demanda que Mayorga presentó en una corte estatal en 2018 para invalidarlo.

El futbolista portugués, quien actualmente juega para la Juventus, insiste en que el encuentro fue consensuado. En una moción presentada el viernes para pedir que se desestimara la demanda de Mayorga, el equipo legal de Ronaldo reconoció que pagó 375.000 dólares “para mantener la confidencialidad de su disputa”.

La demanda de Mayorga, que se volvió a presentar en un tribunal federal, le pide al tribunal que invalide el acuerdo de 2010 con el argumento de que Ronaldo y su equipo legal aprovecharon su frágil estado emocional para obligarla a firmarlo.

La moción de Ronaldo argumenta que el estatuto de limitaciones de Nevada y el acuerdo de confidencialidad prohíben los últimos reclamos de Mayorga. También argumenta que Mayorga no presentó pruebas suficientes de que careciera de la capacidad mental para aceptar los términos.

El acuerdo
Partes de la moción de Ronaldo están editadas, incluida una parte que parece explicar por qué firmó el acuerdo, excepto por esta línea:

“El [acuerdo] dejó en claro que el Sr. Ronaldo disputó las acusaciones [de Mayorga] y en ningún caso admitió que ella resultó herida. Por el contrario, el [acuerdo] declaró en términos inequívocos que el Sr. Ronaldo estaba de acuerdo en pagarle a [Mayorga] una suma de dinero para mantener la confidencialidad de su disputa”.

Algunos detalles del acuerdo ya habían surgido en la demanda que Mayorga presentó en octubre pasado, la cual acusa a Ronaldo de agresión para presuntamente sodomizarla. Los reclamos adicionales contra él y sus representantes incluyen infligir intencionalmente angustia emocional, coerción y fraude y abuso de una persona vulnerable.

Inicialmente, ella se negó a identificar a Ronaldo ante la policía, por temor a la humillación pública, según su denuncia. Semanas después, cuando dio su nombre en una entrevista policial, un detective le dijo que enfrentaría represalias y que sus acciones serían retratadas como intentos de extorsión, según la demanda. Una enfermera que la examinó compartió el mismo sentimiento, dijo Mayorga en la demanda.

“El trauma psicológico de la agresión sexual, el miedo a la humillación pública y las represalias y la reiteración de esos temores por parte de la policía y los proveedores médicos dejaron a la demandante aterrorizada e incapaz de actuar o abogar por ella misma”, afirma la demanda.

En tanto, Ronaldo había contratado a un equipo de “reparadores” que vigilaban a Mayorga, su familia, sus amigos y las fuerzas del orden para desarrollar una estrategia para evitar la divulgación pública de las denuncias y el enjuiciamiento penal, sostiene la denuncia.

El equipo se comunicó con el abogado de Mayorga en ese momento, quien accedió a una mediación privada con ellos. El abogado de Mayorga no realizó un seguimiento con la policía de Las Vegas, según la demanda.

Según su denuncia, en las discusiones de intermediación, los representantes de Ronaldo la hicieron creer que estaban tratando de compensarla por sus lesiones, y que aceptar el acuerdo le impedía cooperar con la policía. En realidad, de acuerdo con la demanda, el equipo del futbolista intentaba obstruir una investigación criminal y erosionar la credibilidad de Mayorga, disminuyendo así sus posibilidades de presentar una demanda por daños civiles. Las acusaciones forman la base de los reclamos de Mayorga de coerción y fraude, crimen organizado y conspiración civil, así como de abuso de proceso.

Sabiendo que era una “persona vulnerable”, el equipo de Ronaldo amenazó con mostrarla como alguien que había consentido tener relaciones sexuales y luego hizo una denuncia falsa para poder extorsionar a Ronaldo por dinero, según la demanda.

Pero la moción de Ronaldo dice que lo que Mayorga llama una “amenaza” era en realidad “una afirmación veraz de que él tenía la intención de defenderse”.

Ronaldo responde a las acusaciones
La moción de Ronaldo afirma que el acuerdo de confidencialidad no impedía que Mayorga se comunicara con la policía. Más bien, el acuerdo “preveía la cooperación ante cualquier ‘citación o proceso legal que pueda requerir la divulgación de información confidencial’”.

La moción también acusa a Mayorga de no proporcionar detalles específicos sobre cuándo se hicieron las presuntas amenazas y tergiversaciones, o quién los hizo. Ronaldo argumenta que las acusaciones están vencidas por el estatuto de limitaciones de Nevada y que las acciones de Mayorga después del encuentro socavan sus afirmaciones de que no pudo abogar por sí misma.

“La insistencia de que [Mayorga] fue incapaz o incompetente para presentar una demanda dentro del estatuto de limitaciones aplicable es completamente desmentida por el hecho indiscutible de que ella denunció de inmediato el supuesto Incidente a la Policía de Las Vegas y en cuestión de meses presentó demandas civiles contra el Sr. Ronaldo”, dice la moción.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark ha dicho que Mayorga llamó a la policía para informar del incidente en 2009. Los detectives se reunieron con ella en el hospital, pero la mujer se negó a identificar al autor del crimen o el lugar en el que ocurrió, lo que los llevó a cerrar el caso.

Su demanda dice que dio el nombre de Ronaldo semanas después en una entrevista policial, pero un detective le dijo que enfrentaría represalias. Una enfermera que la examinó compartió el mismo sentimiento, dijo Mayorga en la demanda.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas reabrió el caso a petición de Mayorga en agosto de 2018. La Oficina del Fiscal de Distrito anunció en julio que se habían negado a presentar cargos penales debido a que el caso no podía probarse más allá de una duda razonable.