Acusan a presidenta de Jonotla de mandar amenazar a edil auxiliar de Rayón con hacerle “lo mismo que al de Uruapan”

• Jael Peña quiere imponer una obra y contratistas, que comunidad indígena rechaza, denuncian autoridades auxiliares
• Hija del presidente de comunidad habría sido golpeada supuestamente por órdenes de edila de Jonotla

Desde Puebla

Amenazan de muerte al presidente auxiliar de San Antonio Rayón por oponerse a edila de Jonotla, Jael Peña.

El silencio del gobierno estatal está a punto de costar vidas.

En San Antonio Rayón, comunidad indígena de Jonotla, Puebla, la población denuncia represión, amenazas y violencia orquestadas desde la presidencia municipal encabezada por Jael Peña Lobato y su esposo Gerardo Méndez Barrera, quienes, según testimonios de los propios habitantes, pretenden imponer una obra pública rechazada por el pueblo.

Lo que inició como una diferencia en torno al destino de los recursos comunitarios ha escalado hasta convertirse en una crisis de gobernabilidad, donde se han pisoteado los derechos indígenas, el respeto a las decisiones de asamblea y la integridad de los líderes comunitarios.

“Si no te alineas, te matan”: amenazas que estremecen a la Sierra Norte

El presidente auxiliar, Eulogio Castañeda, ha denunciado públicamente amenazas de muerte tras oponerse a las imposiciones de la alcaldesa.

En sus propias palabras, fue intimidado por Floriberto Luna Castañeda, alias “Hugo”, quien le advirtió que podría terminar “como el alcalde de Uruapan, Michoacán”, asesinado por no someterse a intereses criminales.

“Me dijeron que si no hacía caso, podría acabar como el alcalde Carlos Manzo de Michoacán. Pido ayuda antes de que sea demasiado tarde”, declaró Castañeda, visiblemente atemorizado.

El mensaje es claro y escalofriante.
Cuando Floriberto Luna dijo que “no sea que vaya a pasar como en Michoacán, que lo maten y así se acaba todo”, la comunidad se estremeció.

¿Acaso este señor —preguntan los pobladores— está sugiriendo que a Carlos Alberto Manzo lo asesinaron por ser incómodo al poder?

Entonces, ¿eso mismo podría suceder en San Antonio Rayón con el presidente auxiliar Eulogio Castañeda, que al no alinearse a los caprichos de la presidenta municipal Jael Peña corre el riesgo de que le arrebaten la vida?

El presidente auxiliar acusa también al coordinador estatal del Programa de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero, de amenazarlo directamente el pasado octubre en una reunión que sostuvieron en Gobernación, advirtiendo que “no recibirá un solo peso más en apoyo” mientras siga oponiéndose a las obras impuestas por el ayuntamiento.

Incluso, un regidor que pidió anonimato afirma que el mismo octubre la funcionaria Mónica Lara Chávez, de la Comisión de Derechos Humanos, les advirtió que enviarían a la Guardia Nacional y la Policía Estatal para “poner orden” en favor de la presidenta municipal.

Golpes, agresiones y el silencio oficial

Durante la asamblea del 7 de noviembre convocada por Jael Peña para votar nuevamente un proyecto ya rechazado, ciudadanos afines a la alcaldesa golpearon brutalmente a mujeres de la comunidad, entre ellas a Berenice Castañeda, hija del presidente auxiliar.

Testigos identifican a Valente Castañeda Chino como uno de los agresores.

Los policías municipales que acompañaban al grupo de la Jael Peña también agredieron a las ciudadanos de la comunidad de Rayón.

En el lugar se encontraban Jael Peña, el ingeniero Ignacio García Vázquez, representante de Bienestar, quienes no intervinieron y observaron impasibles las agresiones.
Por si fuera poco el mismo expresidente Diógenes Gerardo Méndez Barrera de Jonotla y esposo de la presidenta municipal también se sumo a las agresiones contra los ciudadanos.

También se encontraban representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) supuestamente para garantizar la seguridad de sus representantes y detener la imposición de obras que benefician intereses privados y políticos, no comunitarios pero que de acuerdo con testimonios de los ciudadanos indígenas de la comunidad su participación fue vergonzosa, es decir, sin determinación.

La comunidad denuncia además que la presidencia auxiliar permanece tomada por el grupo político de la alcaldesa, impidiendo que las autoridades tradicionales ejerzan sus funciones.

“Nos secuestraron el gobierno local, nos quitaron la voz y ahora quieren quitarnos la dignidad”, expresaron los pobladores.

Los habitantes de San Antonio Rayón acusan negligencia, omisión y complicidad del gobierno estatal ante una situación que ya rebasa los límites de lo político y amenaza con convertirse en una tragedia.

La comunidad exige la intervención inmediata de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para que la situación de la comunidad sea atendida.

El trasfondo: una obra de poder, no de progreso

De acuerdo con información recabada en la comunidad, la obra que impulsa la presidenta municipal Jael Peña —respaldada por su esposo, Gerardo Méndez— no responde a las prioridades del pueblo, que ha solicitado infraestructura básica como drenaje, agua potable y caminos rurales.

En cambio, se trata de un proyecto con presuntos intereses económicos vinculados a contratistas cercanos al círculo del ayuntamiento.

La negativa del pueblo a aprobarla ha desatado una ola de amenazas, manipulación política y uso de la fuerza pública para someter a la población.

Una comunidad al borde de la tragedia

San Antonio Rayón, un pueblo indígena con profundas raíces y tradiciones, hoy vive bajo el miedo.

Los testimonios apuntan a un abuso sistemático de poder, con respaldo institucional y silencio gubernamental.

La población insiste: no buscan confrontación, buscan respeto.
Pero si el estado no actúa pronto, esta crisis puede terminar en sangre.

“No queremos mártires, queremos justicia. Si algo le pasa al presidente auxiliar o a cualquier ciudadano, el responsable directo será el gobierno estatal que ha decidido mirar hacia otro lado”, advirtieron los representantes comunitarios.

“Rayón no se rinde”

La comunidad mantiene firme su exigencia: respeto a la autonomía indígena, investigación de las agresiones y castigo a los responsables.

Piden proteger a los pueblos originarios, no abandonarlos a la violencia política.

San Antonio Rayón no está solo. Cada golpe, cada amenaza, cada silencio del poder retumba ya en toda la Sierra Norte de Puebla.