Ricardo Homs

La presidenta Sheinbaum tenía ocho años de edad cuando Luís Echeverría asumió la presidencia de la república. Por ello quizá a ella no le tocó vivir a conciencia el echeverriato.

López Obrador aún estaba haciendo política local en Tabasco en esa época.

Sin embargo, a quienes nos tocó iniciar nuestra carrera laboral durante ese sexenio nos queda claro que los proyectos de la 4T en el ámbito de las empresas productivas del estado, no son más que un refrito del fallido proyecto industrial iniciado en esa época, en que se crearon empresas propias del estado y después de descalabros terminaron privatizándose años después.

Poner a competir a funcionarios públicos con empresarios experimentados no es opción, ni forma parte de la vocación gubernamental.
Mexicana de Aviación, los hoteles cedidos a la Sedena en la ruta del Tren Maya, el mismo Tren Maya y otras empresas más que hoy pertenecen al sector público, muestran esta tendencia de la 4T a competir con la iniciativa privada, como lo intentó el gobierno del presidente Luís Echeverría.

Sin embargo, los tiempos actuales son muy diferentes a los que se vivieron durante el echeverriato. En este mundo globalizado de hoy la competitividad se ha vuelto más sofisticada y demandante.

La competitividad es la esencia de la labor empresarial. Para tener éxito empresarial se requiere vocación emprendedora e intuición para los negocios. Frente a este perfil los funcionarios públicos no tienen como competir.

Por ello el Tren Maya, Mexicana de Aviación y las otras empresas del estado, -en manos de la 4 T-, enfrentan grandes riesgos económicos. Hoy PEMEX es un lastre para las finanzas públicas, requiriendo recursos frescos simplemente para cubrir el gasto corriente y sin posibilidades de tener algún día utilidades. Al cierre del 2024, la deuda de Pemex asciende a 97 mil millones de dólares. Además, resiente una caída importante en el volumen de producción de hidrocarburos.

Mexicana de Aviación significó una inversión de casi 1,800 millones de dólares, cifra divulgada por el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico- Aeronáuticas S.C., (INIJA).

En contraste, en este primer año de operaciones sólo se tuvieron ingresos por 15 millones de dólares por la venta de pasajes. ¿Dentro de cuantos años sus ingresos permitirán absorber sus costos operativos?

Con esa mentalidad carente de vocación competitiva y la llegada del dinero fácil para mantener a flote a una empresa gubernamental, la corrupción florece.

El estado debe ser el árbitro que evita los abusos de los grandes capitales. El objetivo del estado es garantizar una redistribución justa hacia la sociedad, y para ello, -por ejemplo-, está la COFECE, erróneamente desaparecida por una 4T llena de soberbia y empoderada.

El Estado Mexicano debe circunscribirse a fortalecerse en sus responsabilidades fundamentales, que en materia de seguridad deja mucho que desear y no invertir recursos de todos los mexicanos y tiempo valioso es pretender competir contra el sector empresarial.

FOFO MÁRQUEZ

Evidentemente todos los que vimos por las redes sociales el video de la brutal golpiza que propinó Fofo Márquez a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial nos indignamos. También por la actitud prepotente con que él inició su proceso judicial suponiendo que su fama como influencer lo sacaría del problema.

El impacto mediático de este caso, -que no tiene justificación-, generó un rechazo social totalmente entendible.

Sin embargo, los 17 años de prisión que le impuso el juez como castigo exceden lo que por justicia debería aplicarse.

Este caso nos revela las circunstancias que hoy determinan la aplicación de la justicia. Primeramente, la presión social manifestada mediáticamente. A esto añadamos la forma en que hoy se dictamina con base en estereotipos genéricos, como por ejemplo: “delincuencia organizada”, “asociación delictiva”, “recursos de procedencia ilícita”, e igual sucede con el concepto “feminicidio”, pues en este caso lo que agravó la condena de Fofo fue que el juez le juzgase por “intento de feminicidio”.

Es fundamental definir con precisión las características de cada concepto de los utilizados continuamente en los juicios, para evitar el encasillamiento de conductas delictivas que no responden a las motivaciones y circunstancias del delito juzgado.

Este es un caso polémico por las actitudes retadoras y agresivas de la familia del sujeto juzgado después del veredicto del juez, lo cual ofendió la sensibilidad de la opinión pública.

Sin embargo, la sentencia de cualquier juez debe estar sustentada en la racionalidad objetiva, sin dejarse contaminar, -ni por el contexto mediático-, ni por el ánimo colectivo.

¿Los jueces que lograrán su cargo con pase automático, -o insaculados-, tendrán la experiencia, conocimientos jurídicos y la visión objetiva respecto de la responsabilidad de impartir justicia con criterios racionales?… o sus sentencias se alinearán con los deseos del “respetable público”.

MINISTRA DEL PUEBLO

La petición de la actual ministra de la SCJN, Lenia Batres, de aparecer en las boletas para la próxima elección de ministros con el sobrenombre de “ministra del pueblo” define muy bien su identidad como ministra y sus prioridades: antes que impartir justicia “a secas” y sin favoritismos, estarán por delante los intereses políticos a los cuales representa.

Su gestión como ministra en la actual corte se ha caracterizado, -no por una vocación jurídica-, sino política. Ha sido la promotora de los intereses de la 4T.

Nunca antes la impartición de justicia había enfrentado más riesgos.

Lo que parece ser que no le queda claro a la “ministra del pueblo” es que el Poder Judicial no representa al pueblo, sino a los principios universales de la justicia. El pueblo está representado exclusivamente por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo a su vez tiene por responsabilidad la administración pública y la ejecución de las políticas de estado, teniendo como prioridad la eficiencia.

Si el Poder Judicial representara al pueblo estaríamos regresando a la barbarie del “circo romano”, donde el césar concedía derecho a la vida, -o condenaba a muerte-, a quienes tenían la desgracia de estar en la arena del Coliseo dando espectáculo para la muchedumbre… O también regresaríamos a la justicia de Poncio Pilatos, cuando a petición de la muchedumbre liberó al asesino Barrabás y en su lugar condenó a Jesús a la crucifixión. O podríamos remitirnos a la actual justicia del pueblo cuando se comete un linchamiento sin que haya un juicio legal de por medio, y se termina incinerando a un sujeto por suposiciones, o muerto a palos por el delito que alguien suponía que el sujeto pretendía cometer, o por un simple robo.

Si la “ministra del pueblo” somete a consulta popular sus resoluciones y sentencias, -y ello es imitado por jueces y magistrados-, veremos el surgimiento de la barbarie, donde inocentes serán castigados con base en la percepción pública y delincuentes confesos, -pero carismáticos o famosos-, serán liberados después de ser juzgados a través de las redes sociales.

La falta de cultura política y de conocimientos básicos de la “Teoría del Estado”, llevan directamente a las aberraciones jurídicas que ha estado instrumentando la 4T, siguiendo los caprichos de su “guía espiritual”.

INSACULACIÓN

La insaculación es como una tómbola, donde ganan los que tienen más suerte y no quienes tienen más méritos. Así es como el Senado está seleccionando a los candidatos a jueces y magistrados.

En pocas palabras es una rifa. Ese es la calidad de la justicia que tendrá el pueblo de México.

ATAQUES A LA REPUTACIÓN

Hoy que la comunicación se ha convertido en el eje de la política, la reputación y el derecho a un buen nombre, -que es un derecho humano básico-, está siendo manoseado y menospreciado por los gobiernos.

En México la primera hipótesis de cualquier agresión contra un ciudadano, -o incluso, aunque sea un menor de edad-, es que la víctima andaba en “malos pasos”. Lo peor es que nunca hay sustento para esta primera premisa de las autoridades, -y cuando la prensa exige pruebas-, entonces se argumenta que junto al cadáver de la víctima había droga o armas.

Es más fácil sembrar hipótesis que investigar a conciencia.

Sin embargo, lo inaudito es que un presidente de los Estados Unidos, con toda impunidad, asuma públicamente que todos los migrantes indocumentados son delincuentes y violadores y ninguna ONG de su país salga a exigir respeto a la dignidad de estos grupos vulnerables.

Es indignante que la repatriación de migrantes a sus lugares de origen, -realizada en aviones militares de Estados Unidos-, se haga en condiciones humillantes para los expulsados: esposados y encadenados.

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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross