Maricela Allende

En septiembre próximo, Morena y sus aliados prevén aprobar las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, conocidas como el “Plan C”, que incluyen cambios significativos en el Poder Judicial y la desaparición de varios órganos autónomos. Este mes es crucial, ya que coincide con el inicio de la nueva legislatura federal tras las elecciones del 2 de junio, donde Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tendrán la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Ignacio Mier, líder de la Cámara de Diputados, detalló que las reformas abarcan más de 54 iniciativas que comprenden cambios a diferentes apartados de la Constitución. Entre éstas, la reforma al Poder Judicial, la cual ha generado controversia por la propuesta de que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha manifestado su preocupación. José Medina Mora, presidente de Coparmex, subrayó la necesidad de garantías para los inversionistas y la importancia de mantener un Congreso federal autónomo. “El uso responsable y sensato de la mayoría debe propiciar confianza”, declaró Medina Mora, quien pidió a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum un compromiso con el diálogo, el respeto al Estado de Derecho, y la preservación de las instituciones y órganos autónomos.

Las reformas propuestas también incluyen la desaparición de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, entre otros. Este aspecto ha generado fuerte oposición de un centenar de organizaciones civiles, que ven en estas medidas un retroceso en la garantía de los derechos humanos y los controles democráticos.

Claudia Sheinbaum afirmó que las reformas deben explicarse claramente al público y que se abrirá un proceso de diálogo y evaluación. Por su parte, Arturo Zamora Jiménez, doctor en Derecho, aseguró que las reformas no serán aprobadas “fast track” y que serán sometidas a un análisis y discusión antes de su posible aprobación.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también ha expresado sus reservas, anteriormente mencionaron que la aprobación del “Plan C” podría concentrar excesivamente el poder en la Presidencia de la República y afectar negativamente la funcionalidad del Poder Judicial y los órganos autónomos. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, enfatizó la necesidad de un Poder Judicial independiente y autónomo para garantizar el ejercicio de los derechos y la estabilidad legal del país.

El documento titulado “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, dos de los análisis más destacados fueron de César Astudillo y Javier Reyes quienes señalan que reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 podría llevar a un significativo rezago judicial. También indican que la eliminación de organismos autónomos reduciría importantes contrapesos en la administración pública.

En suma, mientras Morena y sus aliados se preparan para avanzar con el “Plan C”, diversos expertos y sectores sociales han alzado la voz, solicitando un análisis profundo y un diálogo inclusivo antes de realizar cualquier cambio que podría reconfigurar significativamente el marco institucional de México.