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Ante el INE, el tricolor señaló que se registró un cúmulo de irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante el proceso electoral.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la elección presidencial, al considerar que se registró un cúmulo de irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante el proceso electoral y que en forma evidente vulneraron los valores constitucionales, enmarcados en los principios de certeza, imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

A través del representante del tricolor ante el organismo electoral, Emilio Suárez Licona, el partido encabezado por el dirigente nacional, Alejandro Moreno, argumentó que las “mañaneras” del Presidente constituyen ejercicios de propaganda, mediante los cuales se utilizó de manera permanente y sistemática el poder del Estado con fines electorales.

En el documento presentado ante el INE, el PRI, como parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, y que llevó como abanderada presidencial a Xóchitl Gálvez Ruiz, destacó que, de manera reiterada, el Presidente hizo caso omiso a las medidas de no repetición que fueron dictadas por las autoridades electorales.

Además, se establece que todo lo anterior estuvo acompañado por la utilización permanente de recursos públicos con fines electorales, en particular reflejado en el uso indebido de los programas sociales por parte del gobierno federal, con la intención de beneficiar a los candidatos de Morena.

Tal uso indebido, agregó el PRI, se reflejó en la distribución selectiva de los apoyos, el condicionamiento de los beneficios, la colocación de propaganda electoral en los eventos, así como la intervención de los servidores de la nación.

Se plantea también cómo el clima generalizado de violencia, intimidación e inseguridad influyeron directamente en los resultados, lo cual genera dudas sobre su legitimidad.

En ese marco, el Partido Revolucionario Institucional expuso que su impugnación implica la intención de someter a examen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cúmulo de irregularidades que, de forma evidente y notoria, vulneraron la integridad de la elección, a efecto de que la autoridad jurisdiccional establezca un precedente relevante para que en futuros procesos electorales se tenga un criterio claro y contundente que permita prevenir la configuración de un escenario similar.