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La Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la arquitectura de paz y seguridad internacional, ha ordenado este viernes a Israel “tomar todas las medidas” posibles para “prevenir” un genocidio en Gaza, reconociendo que al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles.

Así mismo “Israel también debe tomar medidas efectivas para impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito del artículo segundo y el artículo tercero de la Convención sobre el Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza”, dijo el tribunal.

“El tribunal considera además que Israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza”, agregó la Corte.

Sin pronunciamiento sobre el cese de las operaciones militares

No obstante, la Corte no se ha pronunciado sobre el cese de las operaciones militares por parte de Israel, tal y como había solicitado el Estado de Sudáfrica denunciando una “conducta genocida” en Gaza, aunque los jueces sí exigen que Israel “garantice con efecto inmediato que sus militares no cometan” actos de genocidio.

Las medidas provisionales, que son “de obligado cumplimiento” si bien el tribunal no dispone de medios para hacerlas cumplir, son un tipo de medida cautelar antes de que se adopte una decisión definitiva sobre el litigio, sobre el que es probable que pasen años antes de que se dicte sentencia.

Las exigencias de Sudáfrica son creíbles

La Corte Penal Internacional admite en la explicación de su decisión que “al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles”.

En concreto, asegura el tribunal: “Este es el caso con respecto al derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y actos prohibidos conexos (…) y el derecho de Sudáfrica a exigir el cumplimiento por parte de Israel de las obligaciones de este último en virtud de la Convención”.

En varios párrafos, la corte explica en qué basa esas afirmaciones.

“El Tribunal observa que la operación militar llevada a cabo por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a la infraestructura civil”, indica el tribunal.

Y añade que, aunque las cifras no pueden verificarse de forma independiente, “la información más reciente indica que 25.700 palestinos han muerto, se han registrado más de 63.000 heridos, más de 360.000 viviendas han quedado destruidas o parcialmente dañadas y aproximadamente 1,7 millones de personas han sido desplazadas internamente”.

La Corte también recoge los informes de una misión al norte de Gaza de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que indicó que, a 21 de diciembre de 2023, “un porcentaje sin precedentes del 93% de la población de Gaza se enfrenta a niveles de crisis de hambre, con alimentos insuficientes y altos niveles de malnutrición”.

El informe agregaba que, al menos uno de cada cuatro hogares, enfrenta “condiciones catastróficas”: experimenta una falta extrema de alimentos e inanición y ha recurrido a la venta de sus posesiones y a otras medidas extremas para poder permitirse una simple comida.

“El hambre, la indigencia y la muerte son evidentes”, aseguraba la OMS.

El tribunal también refleja otras declaraciones de diferentes agencias humanitarias de la ONU en las que se recoge que “este ha sido el mayor desplazamiento del pueblo palestino desde 1948 y que la actual guerra afecta a más de dos millones de personas, literalmente toda la población de Gaza” o que la crisis de Gaza “se ve agravada por un lenguaje deshumanizador” de los palestinos.

“La Corte también toma nota de un comunicado de prensa de 16 de noviembre de 2023, emitido por 37 relatores especiales, expertos

independientes y miembros de grupos de trabajo que forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que expresan su alarma por la retórica claramente genocida y deshumanizadora procedente de altos funcionarios del gobierno israelí”.

Acusación de Sudáfrica, rechazo de Israel

En su demanda, que comenzó a principios de este mes en La Haya, Sudáfrica pidió al Tribunal -órgano principal de la ONU- que indicara medidas provisionales para “proteger contra nuevos daños graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.

Entre las medidas solicitadas por Sudáfrica figura la suspensión inmediata de las operaciones militares de Israel en la Franja, y que sus fuerzas tomen “todas las medidas razonables” para impedir el genocidio.

Sudáfrica también pidió al tribunal mundial que ordenara a Israel que impidiera los desplazamientos forzosos, permitiera que la población civil recibiera agua y alimentos adecuados y garantizara que se conservaran las pruebas de cualquier posible genocidio.
Los abogados de Israel afirmaron, por su parte, que las medidas provisionales, en caso de concederse, equivaldrían a “un intento de negar a Israel su capacidad para cumplir sus obligaciones con la defensa de sus ciudadanos”, en referencia a los ataques de Hamás el 7 de octubre, que causaron 1200 muertos, la captura de 250 personas como rehenes y el desplazamiento de 110.000 personas, según datos de Israel.

Medidas tomadas por inmensa mayoría

La mayoría de las medidas cautelares expresadas por la Corte fueron tomadas por una inmensa mayoría de los jueces (que variaron entre 15 a favor y dos en contra o 16 a favor y uno en contra).

El Estado de Israel deberá presentar un informe al Tribunal sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a las órdenes del Tribunal en el plazo de un mes a partir de ahora.