El combate a la corrupción fue el motor de la campaña que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México y a la instauración oficial de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, a casi cinco años del comienzo de este gobierno, -y el inicio de los tiempos de pre campaña por la presidencia de la república-, es urgente evaluar resultados.

Los grandes escándalos de corrupción que surgieron alrededor de gente cercana al presidente nunca fueron aclarados y se diluyeron en la impunidad. Ninguna autoridad asumió su responsabilidad de investigar y él mismo ignoró las acusaciones que se difundieron ampliamente en la prensa. Ni siquiera la escandalosa desaparición de 15 ,151 millones de pesos en Segalmex tiene hoy una explicación, pues el presidente ha ignorado este caso de corrupción que triplica la denominada “estafa maestra”, realizada en el sexenio de Peña Nieto y que mantuvo a Rosario Robles en la cárcel aún sin juicio.

El caso Segalmex puede tener hoy en la cárcel a funcionarios de bajo nivel, -seguramente convertidos en chivos expiatorios-, pero Ignacio Ovalle, -su titular-, amigo del presidente, ni siquiera ha sido investigado.

La falta de voluntad política para esclarecer estos escándalos contrasta con el discurso que aún hoy sigue señalando corrupción entre los adversarios del presidente.

El combate a la corrupción no es un proyecto nuevo, -y menos aún creado por el candidato López Obrador en la campaña del 2018-, pues ya el presidente Miguel de la Madrid en 1982, -al inicio de su gobierno-, propuso la renovación moral y el combate a la corrupción, sin lograrlo.

Si bien el combate a la corrupción de vez en cuando terminó siendo un recurso demagógico de campaña a lo largo de varios sexenios, en tiempos de la 4T se ha convertido en un arma de eliminación de contrincantes y adversarios políticos. El intento de fincar delitos a Xóchitl Gálvez a través de sus empresas, es una muestra de ello. De entrada, se está intentando manchar su reputación calificándola como corrupta sin presentar pruebas contundentes, lo cual muestra la utilización de este calificativo como arma política.

En el foro de sus “mañaneras” el presidente le endilga el adjetivo “corrupto” a cualquier adversario político sin el más mínimo sustento. Esto se convierte en un agravio a la buena reputación, que es un atributo al que todos tenemos derecho hasta que se compruebe lo contrario de modo indiscutible.

En un reciente artículo publicado por Raúl Contreras Bustamante, este autor consigna que hace varios años la Facultad de Derecho de la UNAM recibió a una delegación de parlamentarios de Finlandia, el país que encabeza el liderazgo en la clasificación internacional de la OCDE en combate a la corrupción. Se le preguntó a quien coordinaba la delegación, cuál era la estrategia central para erradicarla y la respuesta fue: transparencia, transparencia y transparencia.

A su vez destaca la frase de Kofi Annan, -quien fuera secretario general de la ONU-: “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento”.

Llama la atención que el presidente que ha tomado como bandera de su gobierno el combate a la corrupción, sea quien encabeza el gobierno más opaco de la historia de México.

Este gobierno ha tomado como enemigo y adversario al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y su bancada en el Senado, -MORENA-, ha tratado de asfixiar a esta institución al negarle el nombramiento de los tres consejeros que deben sustituir a quienes han finalizado el periodo de su encomienda. Además, se le niegan los recursos necesarios para operar.

De este modo vemos que las grandes obras icónicas de este gobierno han tratado de quedar bajo la protección de la clasificación “información reservada” durante varios años, bajo el argumento “seguridad nacional”.

Tratando de entender por qué México no ha logrado erradicar esta lacra social y política, -mientras en otros países de la importancia del nuestro ya se encuentra controlada-, vemos que en cualquier lugar del mundo hay gente ambiciosa y sin valores morales, capaces de despojar al prójimo o realizar actos inmorales y carentes de ética para enriquecerse.

Sin embargo, es la fortaleza de las instituciones públicas que operan en esos países, -respaldadas por el Estado de Derecho-, que permite que estas se conviertan en un dique de contención, -pues sin importar el nivel jerárquico del cargo de quien es denunciado-, estas instituciones son capaces de destituir al funcionario y meterlo en la cárcel, incluso, mientras está en funciones.

En España el yerno del rey Juan Carlos y cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Undargarin, fue a dar a la cárcel de junio de 2018 a enero de 2021, por un caso de corrupción en la fundación filantrópica que él presidía y el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra perdió todos sus privilegios reales, -por decisión de su madre la difunta reina Isabel-, a partir de un escándalo que dañó la imagen de la casa real y actualmente su hermano el rey ha refrendado la vigencia del castigo.

También vemos que varios expresidentes de Perú están en la cárcel, lo mismo que de Ecuador, Guatemala, e incluso el actual presidente de Brasil, -Luiz Inacio Lula Da Silva-, pasó 19 meses preso, acusado de corrupción. Hoy en Estados Unidos el presidente Donald Trump se encuentra sujeto a un procedimiento judicial, lo cual pone en evidencia la fortaleza de las instituciones de ese país, no obstante que se trate de un ex presidente con gran popularidad.

La corrupción no se combate con buenas intenciones, -ni con discursos moralistas-, sino con sistemas administrativos que dificultan las malas prácticas, -e incluso las impiden-, pues la frase “con el arca abierta hasta el justo peca” es una verdad universal, ya que las oportunidades son las que propician la corrupción. Además, las políticas que garantizan la transparencia ponen en evidencia cuando existen actos que pudieran ser considerados como constitutivos de delito.

El otorgamiento de contratos de obra pública, o de proveeduría de insumos para instituciones gubernamentales-, hoy en tiempos de la 4T son asignados de forma directa y sin licitación. Esto conlleva altísimas posibilidades de corrupción.

El combate a la corrupción exige voluntad política, compromiso total y absoluto y además, congruencia de quien se ostenta como paladín del combate a la corrupción, lo cual, no se percibe en este gobierno que se autodenomina de la “Cuarta Transformación”.
Por último, el combate a la corrupción sólo puede tener éxito cuando quien lo promueve lo aplica primero entre quienes le rodean. Eso constituye un acto de autoridad moral y congruencia que permea desde arriba, hacia los niveles bajos de la estructura gubernamental y por ello llega a impactar la vida cotidiana de la sociedad.

Menos demagogia y más acciones moralmente sustentadas, es lo que hoy necesita México para acabar con la corrupción. Sin embargo, ello no se podrá lograr debilitando a las autoridades autónomas que hoy garantizan la transparencia, valor universalmente aceptado como herramienta fundamental del combate a la corrupción.

EL RIESGO DE INTROMISIÓN

Desactivar el riesgo de intromisión presidencial para descarrilar la candidatura de Xóchitl seguramente está detrás de la decisión del Frente Amplio de cerrar el proceso de selección de candidata a partir de la encuesta, cancelando la consulta ciudadana programada para mañana tres de septiembre. Sin embargo, una falla en la estrategia de comunicación dejó interpretar esta cancelación como una falta de respeto a quienes se preparaban para participar de esta votación. Seguramente una buena explicación hubiera dado significado a la cancelación de esta jornada ciudadana y esta decisión hubiera sido mejor recibida.

La prensa y líderes de opinión con vocación democrática se sienten desilusionados de que el proceso no se hubiera completado como se prometió. Sin embargo, el riesgo de que el presidente intentase meter presión para dividir el voto promoviendo a Beatriz, era una jugada previsible, pues en su mañanera del miércoles, -contraviniendo la legislación electoral-, ya había hecho campaña a favor de la priísta, lanzando la frase, “aguanta Beatriz… aguanta… el pueblo se levanta”.

Evidentemente a MORENA le conviene tener una candidata como Beatriz, de larga trayectoria política que la vuelve vulnerable, y no a un perfil ciudadano como Xóchitl.

NO ES UNA… SON DOS

Este proceso dentro del Frente Amplio no sólo detonó el liderazgo de Xóchitl, sino que fortaleció el de Beatriz. Dos perfiles totalmente diferentes, pero igualmente necesarios y muy complementarios. La imagen pública de Beatriz creció como nunca antes había sucedido.

Se nos olvida que no sólo se elegirá presidente de la república, -sino también el control del Congreso-, y ahí es donde la experiencia, talento político y liderazgo de Beatriz Paredes se vuelve fundamental para frenar a MORENA en sus intentos de tomar el control de las cámaras legislativas con el fin de modificar la Constitución y así garantizar la continuidad de la 4T en el futuro.

El reto será convencer a Beatriz de que tome el liderazgo de la campaña del Frente Amplio, para lograr en las elecciones del 2024 la mayoría calificada en el Congreso.

LOS TIEMPOS DE LA UNAM

El perfil del próximo rector de la UNAM debe ser definido en función del contexto político actual, de gran riesgo para la autonomía de esta querida casa de estudios. Si el reto actual más que académico es defensivo, respecto a los intentos de controlarla por parte del presidente, el perfil del rector debe ser el de un abogado que sepa defenderla jurídicamente y además, mediáticamente.

En este contexto Raúl Contreras Bustamante, -director de la Facultad de Derecho de la UNAM-, se convierte en el perfil que garantiza de la defensa de su autonomía.

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Fotografía del perfil de R. Homs: es de David Ross