Además de la prisión violatoria de los derechos humanos de César Duarte, su familia y colaboradores han sufrido el acoso y campañas de odio

Latitud Megalópolis

El exgobernador César Duarte lleva 41 meses de prisión preventiva, mientras le siguen abriendo procesos.

Alejandro Duarte Dorado, de 20 años, sobrino de César Duarte Jáquez, es la tercera persona que pierde la vida en el contexto de la persecución política al exgobernador de Chihuahua, quien lleva 41 meses de prisión preventiva. Un joven que sufrió el acoso a su familia, el allanamiento a su casa y las campañas de odio por parte de las autoridades de estado.

El de Duarte Dorado es el segundo suicidio, en dos meses relacionado con la acusación de peculado; el anterior fue el de Antonio Enrique Tarín García, quien tenía 47 años y había pasado más de cuatro en prisión. Una tercera muerte fue la de José Lázaro Joaquín López Ramírez, exdirector de Fideapech en la misma administración de Duarte, que mientras enfrentaba su proceso en prisión, falleció por Covid-19, sin que se le diera la atención médica a tiempo. ”

Se suicidó el hijo de Alejandro, mi hermano, había tenido mucha depresión por la persecución desde que allanaron su casa y persiguieron a su padre”, escribió César Duarte en un mensaje a esta periodista para explicar que la persecución política se ha extendido a su familia, así como a sus colaboradores más cercanos durante su administración con consecuencias fatales.

Duarte ha enfrentado un proceso masivo de 21 carpetas de investigación promovidas por Javier Corral Jurado, además de campañas de odio en los medios de comunicación. Sin embargo, esas carpetas fueron desechadas por el Tribunal de Florida, pero con una de ellas -gestionada ante un juez de Nuevo México- Corral logró que se extraditara al exgobernador a la prisión de Aquiles Serdán, Chihuahua, en donde lleva más de tres años pese a sobrepasar la prisión preventiva de dos años, que la Constitución mexicana estipula como tiempo límite.

Antonio Enrique Tarín García, quien fungió primero como director de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahuense de Salud y después fue presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado, dijo en febrero de 2022, en entrevista a El Diario.mx cómo había sido su detención y la tortura que había sufrido, además de las agresiones constantes de las que fue objeto su familia, así como el aislamiento en prisión.

La profunda depresión lo llevó a tirarse de un puente para quitarse la vida, el 7 de abril de 2023, un año después de haber logrado seguir su proceso en libertad condicional. En esa entrevista realizada por la periodista Salud Ochoa se enfatizó que “la violencia y tortura psicológica era tal que, cada vez que se acercaba alguna fecha importante para él, le iniciaban un nuevo proceso hasta acumular decenas de ellos”.

Es lo mismo que está viviendo César Duarte, a quien continúan abriéndole procesos masivos por el tráfico de influencias en su contra. Incluso recientemente el fiscal general del estado César Jáuregui Moreno afirmó a los medios locales que ya había remitido “otras cinco órdenes de aprehensión por otros ilícitos en contra del exgobernador ante las autoridades de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo indica el tratado de libre extradición entre ambas naciones”. Sin considerar las irregularidades del proceso del que él mismo forma parte.

César Jáuregui Moreno es un funcionario que ha aceptado su corrupción, siendo diputado del PAN, de 2013 a 2016, según el diario español El País, el cual dio a conocer su declaración en el momento de que fue nombrado fiscal de estado bajo la administración de Maru Campos. Junto con él, involucra a la actual gobernadora, quien era su subordinada durante ese periodo de haber recibido sobornos del gobierno priísta, pero ahora como fiscal tiene acceso a todos los recursos para revanchas y manipulaciones jurídicas.

Fuente: losangelespress