El país

Roxana Ruiz está a un paso de la libertad. La Fiscalía del Estado de México ha informado este sábado de que abandona la acusación contra Roxana Ruiz, la mujer que hace dos años mató en defensa propia al hombre que la violó. Uno de los casos más mediáticos de los últimos meses, Ruiz, que había sido condenada hace unos días a seis años y dos meses de prisión, por exceso de legítima defensa, ve cómo sus denuncias empiezan a surtir efecto. La sentencia de seis años no era firme y, ante los posibles recursos de Ruiz y sus abogados, la Fiscalía ha decidido retirarse.

“Estamos sorprendidos de la noticia, no nos la esperábamos”, dice Ángel Carrera, abogado de la joven. “Todavía falta que nos notifiquen esta decisión por escrito”, comenta Carrera, quien se ha enterado por los medios de comunicación de la decisión de la Fiscalía.

“Luego de conocerse la sentencia del 15 de mayo en contra de Roxana Ruiz”, ha escrito la Fiscalía en un comunicado, “el fiscal general instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género que atrajera el caso, para su subsecuente análisis, bajo los parámetros metodológicos que debe tomarse en cuenta cuando se encuentran involucrados sujetos de grupos vulnerables”, ha añadido. En la revisión, la unidad de violencia de género concluyó que Ruiz “está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta Fiscalía considera que actuó en legítima defensa”.

La noticia supone una victoria para Ruiz, de 23 años y originaria de Oaxaca. Pero también para un país como México, que cuenta miles de asesinatos de mujeres cada año. Ruiz ha aludido precisamente a lo que esconden las cifras. La violencia que se ejerce contra las mujeres, como contexto de lo que ocurrió en su caso. En una entrevista con EL PAÍS esta semana, señalaba que “era mi vida o la de él”.

La mujer contaba a este diario qué ocurrió. Fue el año 2021. Ruiz había salido a la calle con su carrito a vender papas fritas. Unas mujeres que trabajaban frente a ella le invitaron a tomar unas cervezas. “Tomé una y me marché”, ha contado en varias ocasiones. En ese momento, un muchacho que conocía de vista, Sinaí Cruz, se le acercó y se ofreció a acompañarla a casa. “Insistió en que lo dejara pasar y quedarse a dormir porque vivía muy lejos”, explica Ruiz. Ella cuenta que, por miedo, accedió a que entrara. Cuando estaba dormida, agrega, el hombre la violó. “Desperté y este tipo estaba encima de mí con los pantalones y el bóxer hacia abajo. Y yo, pues lo único que hice fue quitármelo de encima, defenderme y salir viva”, dice.

Ruiz relata que ambos forcejearon, que lo asfixió con una playera y que Cruz se golpeó la cabeza y murió. Asustada, la mujer trató de sacar el cuerpo del hombre de su casa, pero entonces, policías la detuvieron. Ruiz pasó nueve meses en prisión preventiva hasta que consiguió salir en libertad provisional. “Les expliqué que yo me defendí cuando esa persona estaba abusando de mí, pero no lo tomaron en cuenta en mi declaración”, decía la mujer en entrevista.

Su estancia en el penal Bordo de Xochiaca le sigue generando pesadillas. “Es un lugar muy feo y muy hostil”, afirma. “No tanto por las reclusas, sino por el sistema. En la cárcel no respetan tus derechos humanos”, asegura y lo resume de esta manera: “No te tratan como a una persona, te tratan como a un animal”.

En el Código Penal federal, la legítima defensa se considera una eximente al cometer un delito. Durante todo este tiempo, tanto Ruiz como sus abogados han insistido en que no se aplicó la perspectiva de género ni en la investigación ni a la hora de juzgar el caso, pasando por alto la violación de la que fue víctima Ruiz. “No se analizó el contexto en el que sucedieron los hechos”, señala el abogado Carrera.

El caso de Ruiz recuerda al de Yakiri Rubio, una joven acusada de matar a su violador en defensa propia en 2013. Rubio fue encarcelada y después liberada por un tribunal de Ciudad de México. Un caso paradigmático que sentó precedentes a la hora de juzgar un homicidio por exceso de legítima defensa con perspectiva de género.

Preguntado por el caso, un vocero de la Fiscalía del Estado de México ha explicado que la pelota está ahora en el tejado del poder judicial local. “La Fiscalía ya no es parte acusadora. Lo que se espera ahora es que esta semana haya una audiencia, en que el juez conocerá del desistimiento y cierre el caso. Aunque esto último depende del poder judicial. Con esto, la Fiscalía reconoce que sí fue defensa personal”, explica.

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