Staff/RG
En días pasados vimos un gran movimiento legislativo en materia de aprobación de leyes y reformas; en algún momento estaba contemplada la propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad, pero para este periodo ordinario simplemente no se revisó.
La propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad en México ha generado un importante debate en el país debido a la creciente importancia que ha adquirido el tema de la seguridad cibernética en los últimos años. Esta iniciativa, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, busca establecer un marco jurídico claro para la protección de los datos personales y la seguridad en línea de los ciudadanos.
Israel Gutierrez, Country Manager de A3Sec, empresa global de ciberseguridad, comenta que “la Ley Federal de Ciberseguridad establecería las bases para la creación de un sistema nacional de ciberseguridad que permitiría al país estar mejor preparado para hacer frente a las amenazas cibernéticas. Entre las medidas contempladas en la ley se encuentra la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad que estaría encargado de coordinar las acciones de los diferentes organismos gubernamentales involucrados en la materia”.
Sin embargo, a pesar de la importancia que reviste esta iniciativa, el gobierno mexicano ha enfrentado críticas debido a la reducción del presupuesto destinado a la ciberseguridad. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2023, el gobierno federal piensa destinar 33 mil 643 millones de pesos a servicios de Tecnologías de la Información (TIC) para instituciones y dependencias, donde se ve el rubro de ciberseguridad, solamente un 0.41 por ciento.
Ante este panorama, diversos sectores de la sociedad civil han llamado la atención sobre la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en México, no sólo a través de la creación de nuevas leyes, sino también mediante la asignación de recursos suficientes para la implementación de medidas efectivas en este ámbito.
Recordemos el incidente de Guacamaya Leaks y la cantidad de información que se vulneró, se presume fueron 6 terabytes de información, algunos de estos datos de carácter confidencial, información militar, con un nivel de detalle de las actividades operativas y de inteligencia de la milicia que nunca antes se había hecho público en México. Y aún así la asignación de recursos nos deja ver que no es prioridad” comenta el directivo de A3Sec.
Para darnos una idea a lo que nos enfrentamos, México es el país de América Latina en el que se han registrado más intentos de ciberataques en los primeros seis meses del 2022. Según un informe, América Latina sufrió 137 mil millones de intentos de ciberataques en el período mencionado, de los cuales 85 mil millones corresponden a México. Esto representa un incremento del 40% con respecto al mismo periodo del año anterior.
En los últimos 4 años, múltiples instituciones mexicanas han sido atacadas por cibercriminales. Entre ellas se encuentran: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pemex, Bancomext, Lotería Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional y el Buró de Crédito. Ya sea para exhibir información o pedir rescates por la misma, los ciberdelincuentes siempre tendrán la mira puesta en estas instituciones para vulnerar sus datos.
Un aspecto relevante y que, al parecer se está dejando de lado en la propuesta de ley, es ¿quién va a dar el servicio de protección a empresas y gobierno?, sí, se necesita blindar los activos digitales, pero se necesita tener a los profesionales que lo hagan, el tema
aquí es que la cantidad actual de profesionales, no logra abarcar todo el mercado, esto no quiere decir que en México no haya expertos, simplemente que con el aumento de ataques, también se requiere el aumento de profesionistas egresados que hagan frente a
esta problemática, lo importante también será establecer un esquema educativo que provea de esos profesionales al país.
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