José Alberto Mora Zamorano
Doctor en Filosofía y comunicador
La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha sido el foco de atención en estos últimos días, en vísperas de la elección del Ministro Presidente de la SCJN. El motivo, una investigación periodística que presenta el plagio de la tesis de licenciatura que bajo el título “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 Apartado A”, presentó con fecha de septiembre de 1987 (http://132.248.9.195/pmig2017/0049842/Index.html); y que su contenido resulta ser una réplica tomada de la tesis “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del artículo 123 constitucional apartado A”, presentada trece meses antes por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, impresa con fecha de en julio de 1986 (http://132.248.9.195/pmig2018/0033882/Index.html).
La posibilidad de encabezar la Corte por parte de la ministra despertó las alertas de los adversarios del Presidente y de su favorita a sucederle en el cargo, Claudia Sheinbaum. Por lo que se desató un incendio de hogueras en contra de la ministra Yasmín Esquivel, del Presidente que avivó la llama en sus conferencias matutinas, y también, pero de modo más soterrado, al interior del partido oficial. Pues resulta que la ministra es la esposa del contratista favorito del Presidente, José María Riobóo, quien forma parte del comité de rehabilitación de la Línea 12 del Metro de CDMX, así como fue el beneficiario de las adjudicaciones directas para la construcción de los segundos pisos, bajo la supervisión de Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, durante el gobierno de López Obrador cuando era alcalde del Distrito Federal -antecedentes que exhiben como sospechosa la exculpación, pronta y expedita, de la Fiscalía de la CDMX.
La noticia del plagio buscó obstaculizar la virtual candidatura de la ministra Esquivel para presidir la Corte, posibilidad muy remota que si bien contaba con la simpatía del Presidente no era compartida por los expertos en el área. Sin embargo, el escándalo cerró toda posibilidad a la ministra en tanto que puso y pone en duda la legitimidad de su título de abogado, requisito indispensable para ocupar el cargo deseado y el que ostenta en la actualidad. Sin embargo, aunque virtual y remota dentro de los criterios jurídicos, la potencial presidencia de Esquivel Mossa representaba un deseo político para la futurología electoral: presidir los posibles conflictos electorales y, en determinado caso, influir en el resultado de la elección del veinticuatro a favor de la candidata del oficialismo.
Dentro de la especulación política esto se entiende mucho mejor si consideramos que las condiciones, candidaturas y los resultados de las elecciones se judicializan, y el triunfo o la derrota puede depender de una sentencia. Así ocurrió en la elección intermedia del 2021, así se buscó rasguñar la silla presidencial en el 2006. Sin embargo, la hoguera encendida en contra de la ministra Esquivel dejará daños a la credibilidad de la SCJN y la UNAM y la SEP: a la SCJN, porque si no renuncia a su cargo de ministra, entonces, en calidad de qué mérito ocuparía su lugar en la Corte ya que su título se sustenta en un plagio; en la UNAM, porque a partir del caso se ha descubierto un mercado negro de tesis desde el interior de sus facultades y escuelas.
Epilogo: el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para presidir la SCJN y las últimas declaraciones del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, ponen en marcha el control de daños en las respectivas instituciones, que si bien son acertadas no destierran la sombra de corrupción, nepotismo e impunidad que caracteriza al país de unos cuantos que ya no queremos.