Rossi A. G. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité contra la Tortura, reprobó al Estado mexicano al asegurar que en el país prevalecen “altos niveles de tortura” cometidos “de manera generalizada” por agentes estatales y fuerzas de seguridad.

Dicho organismo internacional reprochó a las autoridades mexicanas que el uso de la tortura en lugares de detención es endémico y un delito impune, pues sólo el 7 % de los casos son denunciados y el 4.6 % de las investigaciones resultaron en condenas.

Además, expresó su preocupación por el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, debido a que no ha sido capacitado y a que está involucrado en el incremento de detenciones ilegales.

Del 23 de abril al 17 de mayo, el Comité contra la Tortura lleva a cabo su 66° periodo de sesiones en Ginebra, Suiza, y en esta ocasión, México –como todos los países miembros de la ONU- está obligado a ser evaluado por el grupo de expertos independientes.

Por ello, el pasado viernes, una delegación encabezada por la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Martha Delgado, viajó a Suiza para presentar el primer informe de lo que ha hecho el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en dicha materia.

Durante una sesión ante el equipo de expertos de la ONU, el gobierno de México se defendió al señalar que la tortura en el país no es sistemática, que se redujo su incidencia, que la administración de López Obrador nunca ordenaría a las fuerzas de seguridad reprimir o violar los derechos humanos de la población y además, argumentó que no puede retirar al Ejército de las calles debido a la complejidad de la inseguridad en algunas regiones.

En respuesta, los miembros del comité presidido por Jens Modvig y Diego Rodríguez Pinzón dijeron que, pese a algunos avances legislativos, “hay un alto nivel de tortura y malos tratos por parte del Estado mexicano” y refirió que 63% de los detenidos en prisiones mexicanas fueron víctimas de violencia física durante su arresto y el 35% fueron torturados por asfixia simulada.

Rodríguez Pinzón pidió una declaración pública por parte del gobierno mexicano en la que asegurara que la tortura no será aceptable ni tolerada, así como tomar medidas para investigar las denuncias y sancionar a los perpetradores, ya que la Procuraduría General de Justicia recibió 4 mil 296 denuncias por tortura entre 2013 y enero del 2019 y sólo existen 45 sentencias condenatorias.

Para abonar a esta evaluación, un grupo de 87 organizaciones civiles de 23 estados de la República presentó un informe al Comité contra la Tortura en el que coincidió sobre el grave problema de tortura en el país, expresó su preocupación ante los alcances de la Guardia Nacional y citó que en Puebla, entre el 2010 y 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 16 quejas de tortura cometidas principalmente por la policía ministerial.

El próximo 17 de mayo, el Comité contra la Tortura presentará sus recomendaciones finales al gobierno mexicano y éste deberá informar sobre los avances dentro de un año.