EL VALLE

Toluca, México.- De ser aprobado por el Poder Legislativo, la iniciativa para la creación de la Ley de Supervisión y Asistencia de la Libertad en Ejecución Penal del Estado de México, permitirá que las y los jueces de Ejecución Penal cuenten con un estudio de Riesgo Objetivo de Fuga de los PPL, instrumento que definirá si se le brindan beneficios preliberacionales a una persona.

Así lo señaló el presidente del Poder Judicial en el Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar al reunirse con diputados y diputada mexiquenses de la comisión legislativa de Procuración y Administración de Justicia, donde dijo que la iniciativa de ley prevé la creación del Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal, que será dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como un organismo desconcentrado y que entre sus atribuciones tendrá la de definir condiciones, así como restricciones de las personas beneficiarias; de esta manera, la autoridad penitenciaria ya no tendrá que hacerse cargo de esta responsabilidad.

Y que una de las principales ventajas de este mecanismo será la contribución a la inserción social, pues actualmente en los penales mexiquenses existe un índice de más del 160 por ciento de saturación, por lo que atenderá una necesidad social de manera directa.
Por lo que de ser aprobada esta iniciativa, sería la primera de su tipo en todo el país, además, da cumplimiento a lo exigido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la par de que brinda seguridad y certeza jurídica a los actores procesales, sobre la supervisión y vigilancia de la libertad en la ejecución penal.

Explicó que la creación del Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal realizaría estudios de Riesgo Objetivo de Fuga, mismos que serán elaborados por peritos que no serán parte del sistema penitenciario, de la Fiscalía General de Justicia o del Poder Judicial y cuyos resultados serán valorados por el juez, a fin de determinar quiénes obtendrán beneficios de acuerdo a la Ley Nacional en la materia.

Sodi Cuellar, indicó que este organismo modernizará y eficientará el sistema de ejecución de penas, por lo que no es creación de estructura burocrática, si no que resolverá una problemática a la que actualmente se enfrentan las y los jueces, al no contar con un elemento legítimo que permita valorar a los PPL en su inserción a la sociedad, por lo que el organismo que se propone crear brindará la solución a este fenómeno.