Humberto Aguilar Coronado

El proceso legislativo que concluyó con la reforma al quinto transitorio significa la derrota del poder civil frente al poder militar.

En México, la lucha por encontrar los mecanismos que permitieran que los militares dejaran de ser el centro de las decisiones políticas y accedieran a trasladar el poder al mundo civil, fue el telón de fondo de las luchas más cruentas y violentas de nuestra historia.

La decisión de los Constituyentes de limitar la presencia y el poderío de las Fuerzas Armadas se basaba en la necesidad de alcanzar la pacificación del país y evitar que las comandancias siguieran siendo “poderosos focos de revoluciones militares”.

Después de la Revolución Mexicana, el proceso de civilización del poder público y el control político civil sobre las Fuerzas Armadas, que ya era parte del diseño constitucional se logró hasta mediados del siglo XX.

Desde entonces, las fuerzas armadas mexicanas construyeron un modelo de institución al servicio de los intereses de la patria que, además, gracias a su disciplina y, sobre todo, a su lealtad, fueron pieza fundamental de la estabilidad política de que gozamos los mexicanos, incluso en momentos tan delicados como los postelectorales de alto conflicto que vivimos.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio origen a la acción de inconstitucionalidad 1/96 en la que se resolvió que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en tareas de seguridad pública pero siempre con el carácter de auxiliar de las autoridades civiles y bajo un mando civil.

Esa resolución abrió la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas ordinarias de seguridad privada desde 1996.

Una vez que la Suprema Corte de Justicia determinó la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver un doloroso caso contra México, enfatizó la excepcionalidad de la participación del Ejército en tareas de seguridad, y delimitó las características de esa intervención, exigiendo que fuese EXTRAORDINARIA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA, REGULADA y FISCALIZADA.

Por eso no eran necesarias las modificaciones que aprobó el senado al quinto transitorio del decreto que se discutió y aprobó por la mayoría indolente el miércoles pasado en la cámara de diputados.

Se sabe que sólo sirvieron para justificar el cambio de opinión de distintos actores política y seguramente impunidad para varios actores.

Lo cierto es que el poder legislativo no ha sido capaz de supervisar y vigilar el uso que el presidente hace de las Fuerzas Armadas.

La señal es clara, el equilibrio de poderes es apabullado y las tareas de supervisión y control a cargo del Congreso quedan condicionados a la buena voluntad del ente supervisado y, cuando se trata del Ejército, dejan claro que las facultades del Congreso serán limitadas y controladas por la fuerza del Ejército.

López Obrador prefiere escapar por la fácil, rechazar su deber, rendirse anticipadamente y ordenar a sus bancadas que aprueben leyes que adscriben la Guardia Nacional a la SEDENA.

Renuncia al principio básico del mando civil ordenado por el artículo 21 constitucional y ya ni siquiera intenta disimular con mandos militares sujetos a licencia temporal. Llanamente reconoce que cambió de opinión y que ahora la seguridad pública será tarea del ejército.

La mayoría indolente avaló esa traición al pueblo de México.

Como en los siglos XIX y XX, los mexicanos del XXI tendremos que desahogar largas luchas para que el poder militar vuelva a estar supeditado al poder civil.

*Es Diputado Federal del PAN por Puebla