• Según el informe, Curazao es la jurisdicción más simple

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TMF Group, un proveedor líder de servicios administrativos y de cumplimiento, lanzó hoy la novena edición del Índice Global de Complejidad Corporativa (GBCI).

Brasil lidera el ranking nuevamente como la jurisdicción más compleja, manteniendo su posición del GBCI del año pasado. Le siguen Perú (3.°), México (4.°), Colombia (5.°) y Bolivia (9.°), que se ubican entre las 10 primeras posiciones. Argentina, Chile, Nicaragua y Paraguay también se encuentran entre los 20 primeros puestos, lo que demuestra que la región representa el 45 % de las 20 jurisdicciones más complejas del mundo.

Esta complejidad está impulsada por la inestabilidad política (sólo el 30 % de las jurisdicciones prevén estabilidad en este ámbito en los próximos cinco años), la adopción de nuevos informes, como el CRS (Common Reporting Standard), los largos procesos de disolución de una empresa, el gran número de prestaciones obligatorias que deben ofrecerse a los empleados, la presencia de sindicatos en todas las jurisdicciones e industrias, y la permanencia de procesos manuales para cuestiones relacionadas con los recibos de sueldo, las presentaciones y otros documentos.

La frecuencia de los cambios normativos es también otra razón de la complejidad en la región, pero también hay aspectos positivos para destacar. La pandemia del covid-19 trajo un proceso de digitalización más rápido de lo esperado en Latinoamérica, y esto hará que la complejidad disminuya a largo plazo. América del Sur, particularmente, es conocida por su abundancia de recursos naturales, lo que presenta oportunidades para las empresas que buscan invertir en la región. Los criterios ESG (medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza corporativa) son una tendencia en alza este año y, debido a los mencionados recursos naturales, una parte clave de los planes futuros de muchas jurisdicciones.

En el otro extremo del ranking, también se encuentran algunas de las jurisdicciones menos complejas de la región. Las Islas Caimán se sitúan este año como la jurisdicción más simple para los negocios, seguidas de cerca por Curazao como la segunda menos compleja y las Islas Vírgenes Británicas ocupando la quinta posición en el ranking. Se trata de centros de inversión, especialmente para personas y familias con grandes patrimonios. Quienes invierten en estas jurisdicciones también siguen la tendencia ESG y buscan esas credenciales, a pesar de no contar con legislación al respecto por el momento, aunque esto podría cambiar en un futuro próximo según los especialistas locales.

Massimo Canovi, Head de North Latam, hizo referencia a la posición de la región en la clasificación de este año: “América Latina siempre se ha caracterizado por el equilibrio entre oportunidad y complejidad. Hay un gran potencial, y contar con el apoyo local de expertos para aprovecharlo es de gran ayuda. Vemos que hay un accionar por parte de los gobiernos para reducir la carga de las empresas, pero esto puede llevar tiempo y generar más complejidad a corto plazo. Quienes aprovechen todo lo que ofrece la región no se arrepentirán”.

Federico Liutvinas, Head de South Latam en TMF Group, también se refirió a las observaciones del GBCI 2022: “La inestabilidad política es uno de los principales problemas y motores de la complejidad en Latinoamérica, pero la alineación con las normas internacionales debería facilitar a las empresas extranjeras la operación en estas jurisdicciones. Esta región es muy rica en recursos naturales y esa es una de las razones por las que los inversores no deberían sentirse desanimados por la complejidad que existe”.

Michael Seligman, Head de las Américas de TMF Group, afirmó: “La pandemia del covid-19 trajo consigo un mayor nivel de complejidad debido a la activación de los planes para ayudar a las empresas a hacer frente a la situación, y luego debido a su reversión. Pero cuando se piensa en una de las mayores poblaciones del mundo y en todas las oportunidades de inversión que ofrece, muchos tienden a buscar soporte local y a aprovechar el potencial de la jurisdicción”.
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