PRNewswire

Desde el insuficiente suministro hasta la contaminación por el desbordamiento de las aguas residuales y los brotes de enfermedades por un tratamiento inadecuado de las mismas, los riesgos existentes del calentamiento global para el agua, el saneamiento y la higiene en la región paneuropea van a aumentar considerablemente, según han advertido la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en los debates intergubernamentales celebrados esta semana en Ginebra.

Tal advertencia se produce en un momento crucial en el que los Gobiernos de la región se preparan para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) que se celebrará en noviembre de 2022 y la Conferencia del Agua de la ONU, que tendrá lugar en 2023.

Ambas agencias, alertan además de que los mecanismos y métodos de gobernanza para integrar el agua y el clima están ausentes, y la interfaz del agua potable, el saneamiento y la salud no se está abordando de manera preocupante en la mayoría de los casos.

Agua, saneamiento e higiene en riesgo en todos los países

Las proyecciones del cambio climático indican un aumento constante de la temperatura y una variación de los patrones de precipitación en las próximas décadas. Se prevé un aumento de las precipitaciones en el norte de Europa y una disminución de estas en las latitudes meridionales.

Esos cambios en el clima traerán consigo graves consecuencias para todos los países de la región paneuropea, que abarca una amplia gama de climas y entornos heterogéneos, que van desde el clima árido y semiárido de Asia Central hasta el mediterráneo subtropical y el norte de Europa, rico en agua.

Tales efectos van desde los daños en las infraestructuras de abastecimiento de agua y alcantarillado hasta el cambio de las necesidades de consumo para mantener la hidratación, pasando por la degradación de las cuencas hidrográficas y de la calidad de las aguas de origen, el vertido de residuos humanos al medio ambiente, la reducción de la disponibilidad de agua y la contaminación de los suministros de agua.

Se calcula que un 35% de la superficie de la Unión Europea estará sometida a un elevado estrés hídrico en la década de 2070, cuando el número de afectadas por la escasez del líquido elemento será de 44 millones en comparación con los 16 que lo estaban en 2007.

A nivel mundial, se prevé que cada 1 °C de aumento de la temperatura provocado por el calentamiento global supondrá una reducción del 20% de los recursos hídricos renovables y afectará a un 7% adicional de la población.

Todo ello provocará que la pérdida de servicios dé lugar a que las personas utilicen fuentes de agua inseguras o no puedan mantener buenas prácticas de higiene, ya que los cambios en la calidad y la cantidad aumentarán la exposición a patógenos y productos químicos nocivos, y darán lugar a un suministro de agua menos fiable. También los daños en los sistemas de saneamiento provocarán una mayor exposición a los agentes patógenos.

No es el futuro, es el presente

Estos impactos ya se están sintiendo en la región. Hungría, por ejemplo, ha advertido de importantes costes operativos adicionales para el tratamiento de las aguas residuales debido al aumento de la demanda de energía de bombeo y a la interrupción de las plantas de tratamiento. Los Países Bajos han planteado problemas para garantizar el suministro de agua, al igual que España para mantener un suministro mínimo de agua potable en períodos de sequía.

Los impactos climáticos en los servicios de agua y saneamiento agravan aún más los retos de mantener los derechos humanos, como el derecho al agua potable y al saneamiento universal, lo que está lejos de ser una realidad hoy en día en la región paneuropea: más de 16 millones de personas todavía carecen de acceso al agua potable básica y más de 31 millones de personas necesitan saneamiento básico.

Aprovechar el Protocolo sobre Agua y Salud

A falta de mecanismos y métodos de gobernanza adecuados en muchos países para hacer frente a la magnitud de los retos que se avecinan, la intensificación de las medidas en el marco del Protocolo sobre el Agua y la Salud (un acuerdo multilateral único en el que prestan servicio la CEPE y la OMS) puede desempeñar un papel fundamental.

El Protocolo puede apoyar el desarrollo de un menú de opciones para la inclusión del agua, el saneamiento y la salud en sus planes nacionales para cumplir el Acuerdo de París sobre cambio climático.

También puede ayudar a garantizar que las estrategias nacionales y subnacionales de abastecimiento de agua potable y saneamiento integren una lógica climática clara y un análisis de riesgos. Como subrayó el profesor Guy Howard, director del Instituto Cabot para el Medio Ambiente (Universidad de Bristol) durante la sesión, el Protocolo proporciona un buen vehículo sobre cómo medir la resiliencia al cambio climático.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a todos los países de la región que se adhieran al Protocolo y apliquen plenamente sus disposiciones, llamamiento del que se hizo eco el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, quien se refirió a este acuerdo como un instrumento clave que vincula la salud pública y el medio ambiente.

Las medidas y planes de los países en el marco del Protocolo ilustran su eficacia: el 53% de las aguas residuales en Israel tiene tratamiento terciario (filtración y desinfección) y las aguas residuales tratadas se reutilizan, principalmente en la agricultura. La mejora y el mantenimiento adecuado de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en el país tiene como objetivo seguir reduciendo las cargas contaminantes de las aguas residuales vertidas al medio ambiente. En Luxemburgo, la construcción de cuencas de retención de aguas pluviales, cuencas de aguas pluviales y estaciones de bombeo ayudará a gestionar los aumentos previstos de los periodos de lluvia.

El mecanismo de fijación de objetivos del Protocolo ofrece un marco de responsabilidad a nivel nacional e internacional, ofreciendo una herramienta útil para la planificación de la adaptación al cambio climático, que requiere el establecimiento de un mecanismo de coordinación intersectorial, una amplia participación y un análisis de las carencias, la elaboración de escenarios y la priorización de las medidas en función de las opciones de desarrollo.