• Dirigente de Morena acusa que la violencia pudo evitarse

RDS/STAFF

Secretaría de Derechos Humanos
Comité Ejecutivo Nacional
Comunicado Extraordinario N° 93
10 de mayo de 2022

La tragedia de Coyomeapan se pudo haber evitado. El gobierno de Puebla debe dar una solución politica.

El martes 9 de mayo en horas de la tarde, a bordo de una camioneta de palangana un grupo de quince habitantes del municipio de Coyomeapan venían de la comunidad de Ixtaxochitla.

Habían ido a ese lugar a colaborar en la organización de la fiesta patronal y también para concertar la participación de los lugareños en el filtro que resguarda la entrada al municipio el cual ha sido tomado desde nueve meses.

Fueron interceptados en el paraje Cosabacol por un contingente de seis camionetas de la policía estatal de Puebla, el cual sin razón alguna disparó contra los pobladores dejando como resultado tres muertos y ocho heridos.

Los muertos son Marcelo Carrera Bolaños (45 años), Teófilo Barrera Herrera y Omar Herrera Raymundo (15 años). Los policías estatales abandonaron el lugar y dejaron abandonado un vehículo.

Desde el mes de junio de 2022 el municipio indígena de Coyomeapan ha vivido un intenso conflicto político producto del descontento de la población con respecto a los resultados electorales en la elección de la presidencia municipal.

En ese proceso electoral se declaró ganador a Rodolfo García López, integrante de la familia Celestino Rosas, quien ha gobernado el municipio desde 2011.

Los habitantes de Coyomeapan acusan a la familia Celestino Rosas de haber ejercido un despótico dominio caciquil y se han rebelado desde entonces.

El 22 de agosto de 2022, los habitantes del municipio tomaron el edificio de la presidencia municipal y otros más en señal de protesta por los resultados electorales.

Entre el 1 y el 5 de septiembre fueron capturados Basilisia Montaño Gutiérrez, maestra rural e integrante del Consejo Social y Consultivo del Instituto Nacional de Mujeres; Eruviel Aguilar Gómez también maestro rural, Adán Anastacio González de oficio sastre y Gonzalo Martínez Herrera, mecánico y empleado de intendencia.

Existen órdenes de aprehensión contra 36 personas más. Los cargos que se les imputan son falsos.

El presidente de la Republica, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, la senadora Nestora Salgado y la CNDH se han pronunciado y ésta última recomendó medidas cautelares.

Desde enero de este año, los habitantes de Coyomeapan propusieron una solución política: designación de un Concejo Municipal interino, liberación de los presos políticos, recuperación de la gobernabilidad municipal y reposición del proceso electoral.

Infortunadamente el gobierno de Puebla ha desatendido esos llamados y las recomendaciones de la CNDH y hoy lamentamos una tragedia que pudo haberse evitado.

Exigimos a las autoridades una solución política al conflicto, exigimos el esclarecimiento de los hechos y justicia para las personas asesinadas, los heridos, sus familiares.

Exigimos el cese de la violencia contra las comunidades indígenas, atención a sus demandas y problemáticas, así como procesos legales y transparentes en cada rincón de la entidad poblana y del país.

¡Solución política al conflicto de Coyomeapan!

¡Respeto a los derechos humanos de los indígenas!

¡Justicia para los indígenas asesinados!

¡Libertad a los presos políticos!