Staff / IMR
• Por ningún motivo se permitirá restringir la labor periodística utilizando las leyes para atender intereses personales
Por considerarlo violatorio de la legalidad y del derecho a la libertad de expresión, en sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, fue derogado el delito de ultraje.
En su carácter de presidente de la comisión, el diputado Eduardo Castillo López, manifestó que, en el derecho internacional, el delito de ultraje a la autoridad resulta contradictorio, ya que no es coincidente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13 de la Libertad de Pensamiento y de Expresión.
Por eso, dijo, “esta dictaminación se hace en defensa de la libertad de expresión que cuenta con la protección máxima constitucional a nivel nacional e internacional en el que se determina que nadie tiene el derecho de prohibir o limitar la libertad a expresarse y que está señalado explícitamente en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana, y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
De esta forma, en la sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el delito de ultraje a la autoridad fue derogado de todo ordenamiento jurídico porque viola inconstitucionalmente los principios de certeza jurídica, taxividad, legalidad y seguridad jurídica, y muchas veces se ha empleado por diversas autoridades para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión.
Los artículos derogados fueron 207 y 208 del código penal del estado que se encuentran en la sección cuarta: sobre los Delitos Contra Funcionarios Públicos.
En otro orden de ideas, en la misma comisión fue dictaminada la iniciativa a través de la cual se busca atender a todos los grupos y conformar un marco legal incluyente, así como acciones legislativas en favor de todos los ciudadanos de Puebla que buscan justicia.
Esto, a través de la iniciativa inclusiva que desde el punto de vista jurídico-legislativo beneficia a la ciudadanía, ya que busca la atención de grupos vulnerables como lo son las personas con discapacidad, visual o auditivas, las comunidades indígenas o personas que necesitan comunicarse en un idioma o dialecto en particular.
